Ciudad de México.- Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, condenó la resolución del juez Marco Antonio Fuerte Tapia a través de la cual impuso la prisión preventiva justificada en su contra.
Este sábado, tras 10 horas de audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, el juez federal impuso la reclusión preventiva contra el exprocurador al considerar riesgo de fuga.
Murillo Karam es señalado por los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia en torno al caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Al conocer la resolución del juez el exprocurador acusó que “se derrotó la presunción de inocencia“.
Durante la audiencia Jesús Murillo adelantó que en la audiencia del próximo 24 de agosto, en la que se definirá su posible vinculación a proceso, presentará documentos que desvirtuarán las acusaciones en su contra.
En tanto, los abogados del exfuncionario apelaron a su estado de salud e intentaron que la prisión preventiva justificada fuera en su domicilio con la entrega de su pasaporte.
En la audiencia de este sábado en el Reclusorio Norte, se apuntó que el exprocurador tiene cinco domicilios, recursos económicos por 85 millones de pesos, así como relaciones personales que podrían ocasionar su fuga y evadir a la justicia.
Su aprehensión ocurre después de que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, de la Secretaría de Gobernación (Segob), señaló que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en 2014, fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles y no hay indicios de que estén vivos.
Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada “verdad histórica”, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.
La Administración de López Obrador ha desmentido esa “verdad”, al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
De acuerdo con este último informe “existen elementos” para que las autoridades judiciales continúen indagatorias en contra de al menos 33 personas.
