Ciudad de México.- Las desapariciones forzadas en México se encuentran en un estado de “impunidad casi absoluta”, de acuerdo con la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
En la tercera edición del libro La desaparición forzada en México: una mirada desde los organismos del Sistema de Naciones Unidas, el organismo señala que para erradicar la impunidad de las desapariciones atribuidas tanto al Estado como a actores no estatales, el Estado mexicano “debe cumplir con su deber de búsqueda de las personas desaparecidas hasta determinar su paradero, suerte o destino”.
Al presentar este martes la publicación en el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU-DH, urgió en un video mensaje al Estado mexicano a implementar sin dilación las recomendaciones que han presentado distintos organismos de derechos humanos.
En su último mensaje dirigido a México en su calidad de Alta Comisionada, pues el miércoles termina su gestión, Bachelet afirmó que “la desaparición de personas es una conducta criminal desgarradora, que en México ha ocurrido en un ambiente de impunidad y violencia, y que tiene efectos aún más críticos en las mujeres, niñas y adolescentes, así como en las personas migrantes”.
Aseveró que esta realidad debe transformarse. “Las recomendaciones sistematizadas en la publicación, así como los dictámenes internacionales adoptados por los órganos de supervisión de los tratados, deben implementarse sin delación. No hay tiempo que perder. Son más de 100 mil las personas oficialmente reconocidas como desaparecidas en México”.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, señaló en el Centro Cultural de España que se debe reconocer que “las salidas que hemos buscado para resolver el problema de la impunidad, no han funcionado”.
Dijo que “pensamos que dotar de autonomía al Ministerio Público para que este no se convirtiera en un instrumento de acción política contra los disidentes nos ha llevado a generar un conjunto de fiscalías con un metapoder transexenal que en ocasiones se convierte en contrapeso de la acción del propio poder Ejecutivo local o federal”.
La mayor parte de las fiscalías en el país han asumido una autarquía que “no solamente no está ayudando a resolver el problema, sino que está ayudando a reproducir las mismas prácticas del sistema anterior”.
Añadió que un segundo error ha sido la creación de mecanismos extraordinarios para suplir a las funciones de las instituciones estatales que no realizan sus funciones. Por ejemplo, señaló, “tenemos una Comisión Nacional de Búsqueda y un Sistema Nacional de Búsqueda que realizan las funciones que deberían realizar las fiscalías de los estados. Y las fiscalías nos dicen que no existe el derecho a ser buscado, que para ejercerlo debe estar presente la víctima, o que no tienen recursos para esta labor”.
Por ello, planteó que se debe “repensar en serio el sistema de procuración de justicia para poder romper el lastre de la impunidad”.
Dijo además que “no podemos negar la existencia de colusión y complicidades entre autoridades y agentes y fuerzas de seguridad del Estado” con el crimen organizado. La asociación delictiva entre autoridades, particularmente municipales y estatales, y grupos delictivos, ha disparado este fenómeno de desaparición de personas.
El subsecretario aseguró que el libro da cuenta de que “durante muchos años el Estado mexicano no solamente negó el fenómeno de desaparición forzada y desaparición por particulares, sino que además abdicó a una de sus responsabilidades fundamentales que es garantizar el derecho de todas las personas a ser buscadas”.
Opinó que para lograr que se cumplan las recomendaciones se debe garantizar la centralidad y el papel de las víctimas y familiares en la definición de las políticas públicas que deben implementarse.
Refrendó el compromiso del gobierno federal de atender las recomendaciones de las organizaciones internacionales y “para enfrentar los inercias, obstáculos y resistencias que prevalecen en muchas áreas del Estado mexicano para poder remontar esta situación”.
Norma Leticia Hidalgo, quien busca a su hijo Roy Rivera Hidalgo, desaparecido desde el 11 de enero de 2011 en el estado de Nuevo León, dijo que hay 105 mil 22 personas desaparecidas en el país, según cifras oficiales, además de que hay más de 52 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses y más de 4 mil 700 fosas clandestinas ubicadas. Lamentó que pese a las acciones del gobierno en la materia, “los resultados hasta ahora han sido pocos y día a día se suman personas a los desaparecidos”.
Otros familiares de desaparecidos pidieron una actuación eficaz contra la impunidad y la remoción de los fiscales que no han dado resultados.
Los organismos internacionales han reconocido importantes avances normativos e institucionales alcanzados en años recientes, fundamentalmente en el nivel federal, pero los datos de la realidad sobre la vigencia, extensión, gravedad y reproducción del flagelo en la actualidad, son un urgente recordatorio de la necesidad de redoblar esfuerzos en todos los niveles y en todos los poderes y órganos del Estado mexicano, coincidieron Gabriela Citroni, del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Carmen Rosa Villa, del Comité contra las Desapariciones Forzadas, y Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
