Ciudad de México.- El llamado bloque de contención en el Senado, formado por PAN, PRI, PRD, MC y el grupo plural, alista presentar una acción de inconstitucionalidad por la reforma de ley que transfiere la Guardia Nacional a la Sedena y pedirá la suspensión provisional de este marco legal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Claudia Anaya, senadora del PRI, dijo en entrevista que dicha acción deberá presentarse en los próximos 15 días ante la SCJN y aseguró que la respaldarán diputados del PAN, PRD, MC y hasta del PRI.
Informó que también se solicitará al Poder Judicial que dicte una suspensión provisional para evitar la entrada en vigor de estas reformas a cuatro leyes secundarias para evitar su aplicación, toda vez que ya están contempladas en el paquete económico de 2023 que presentó el Ejecutivo federal.
Argumentó que esta medida cautelar de suspender la entrada en vigor de una ley ya se concedió cuando se aprobó la reforma de austeridad para reducir los salarios de los servidores públicos que perciben más que el presidente de la República, lo que la hizo inaplicable hasta que se resolviera el fondo del asunto.
La senadora por Zacatecas confió en que los ministros evalúen que permitir la entrada en vigor podría causar un daño muy grave al país.
Por su parte, el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, puntualizó que tiene firmas suficientes para presentar la acción de inconstitucionalidad y la están elaborando en trabajo colegiado con los demás partidos.
Argumentó que el artículo 21 de la Constitución establece que la Guardia Nacional debe tener un mando civil, en tanto que el 129 establece que en tiempos de paz solamente podrán realizar cuestiones relativas a la disciplina militar las Fuerzas Armadas.
Además, el artículo 5 transitorio de la ley que reforma y crea la Guardia Nacional establece una serie de principios que deben cumplir las FA al apoyar a la GN, entre ellos subordinación a un mando civil, que debe ser de manera extraordinaria, caso por caso, y esa actuación debe estar regulada, no por una ley ad hoc, sino específica y debe estar fiscalizada por una instancia independiente, capacitada y civil.
La acción de inconstitucionalidad es un mecanismo de control que sirve para expulsar del orden jurídico las normas generales que sean contrarias a la Constitución.
