Lima. Los dos hombres más ricos de América Latina y el Caribe, los mexicanos Carlos Slim y Germán Larrea, concentran más riqueza que la mitad de toda la población de América Latina. En este contexto, Grazielle Custódio, integrante de la red de justicia económica de Oxfam, subrayó que el incremento de la pobreza y la desigualdad en la región, acentuada con la pandemia, requiere que se dejen de repetir las medidas de austeridad dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Detalló que los 97 multimillonarios de América Latina y el Caribe tienen más riqueza que 392 millones de personas –las cuales equivalen al 60 por ciento de la población de la región–, mientras un informe de Oxfam revela que sólo Slim y Larrea tienen una riqueza conjunta de 100 mil millones de dólares, por encima que los 91 mil millones de la mitad de la población latinoamericana.
Agregó que al cierre de 2021, una minoría inmensamente privilegiada de 10 por ciento de la población recibió 77 por ciento de la riqueza total de los hogares, mientras que 50 por ciento más pobre apenas concentró uno por ciento de la riqueza; tres de cuatro multimillonarios ahora son más ricos que antes de la crisis.
Entre 2020 y 2022 (en plena pandemia), han aparecido 27 nuevos multimillonarios en América Latina y el Caribe, cuya riqueza ha crecido, además, a razón de 5 millones de dólares por hora y 124 millones de dólares al día, consignó.
Durante un encuentro con periodistas convocado por la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos, denunció que luego de un incremento en el gasto durante el primer año de la pandemia, la mayoría de las economías han vuelto a las medidas dictadas por el FMI.
América Latina y el Caribe ya estaba en una situación de desigualdad y austeridad antes del coronavirus, explicó Custódio, desde 2015 la pobreza venía al alza y ahora se enfrenta a cinco años de recortes presupuestales.
Ahora, más que nunca, los gobiernos de América Latina y el Caribe deben abandonar todas las formas de austeridad y aumentar significativamente los recursos públicos para invertir en políticas sociales impactantes para su población, especialmente los más pobres y vulnerables, que se han visto afectados de manera desproporcionada por las desigualdades estructurales en la región, explica Oxfam.
