ENOJADOS. – Tamaulipas es uno de los estados graneros del país. Produce casi tres millones de toneladas de sorgo y maíz cada año, por lo que su aportación a la economía nacional y local es enorme.
Durante décadas, la agricultura ha sido la fuente de sustento de miles de familias tamaulipecas, mayormente en la zona norte de la entidad.
Por todo ello, es entendible y justificable el enojo de los productores de Tamaulipas hacia el gobierno federal, por su intención de prohibir el uso de plaguicidas bajo el argumento de que, “son altamente peligrosísimos y contaminan al medio ambiente”.
La reforma a la ley de la materia está en la cancha del Senado de la República, y las posibilidades de que se apruebe son enormes.
Los agricultores advierten que, una decisión de ese tipo reducirá hasta en un 60 por ciento la generación de alimentos en el país y encarecerá los costos de producción, porque no habrá forma de combatir las plagas, en virtud de que los sustitutos orgánicos que proponen, o son muy caros o no los hay en suficiencia.
El enojo de los agricultores tamaulipecos es doble, porque lo único que han recibido de la actual administración federal han sido “golpes”. Este tema de la prohibición de los agroquímicos se suma a la cancelación de los subsidios para el campo, que se hizo al arranque del gobierno de la autollamada “4T”.
“Nosotros creemos que quienes impulsan esas políticas son idealistas de escritorio que no tienen ni la más mínima idea de lo que es el campo. Les falta venirse a ensuciar las botas al campo para que vean lo que batallamos”, dice Agustín Hernández Cardona, presidente de la Unión Regional Agrícola del Norte de Tamaulipas (URANT).
Y la verdad, tiene razón. Esperamos que el gobierno federal entre en razón y no se meta en un brete del que luego no sabrá cómo salir.
TEMBLADERA. – La preocupación y tembladera comenzó a hacerse presente en el grupo cabecista que dejó el gobierno estatal apenas el pasado 30 de septiembre.
La causa es el anunció de la administración estatal, de que tiene listas denuncias penales contra el exgobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, su exsecretario general de gobierno y actual diputado federal, Gerardo Peña Flores y de la diputada local, Mirna Flores Cantú, por el irregular reparto de al menos 28 Notarías Públicas.
Es entendible el temor de los cabecistas porque el anuncio está muy lejos de ser un simple amago. Fue tan desordenada y descarada la entrega de los fiat notariales, que nos aseguran hay elementos de sobra para que varios de los implicados terminen procesados penalmente.
Nos dicen que, en la investigación están colaborando funcionarios y exfuncionarios de la dirección de Notarías, incluido el que fue su titular, quien en todo momento ha argumentado inocencia, en un evidente intento por salvarse de la quema.
La primera consecuencia de la indagatoria será la cancelación de las Notarías entregadas.
Habrá que ver si el gobierno de Américo Villarreal Anaya, es capaz de materializar su ofrecimiento de que no habrá impunidad para quienes en el pasado reciente saquearon las arcas públicas.
EL NERVIOSISMO DEL MAGISTRADO. – Cierto o no que el exgobernador, Eugenio Hernández Flores, esté por obtener su libertad, hay un magistrado del Poder Judicial del Estado, a quien esa posibilidad lo trae con una terrible crisis de nervios.
Se trata de Javier Castro Ormaechea, quien antes de ser becado con la magistratura por el entonces gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, se desempeñó como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Desde aquella posición, don Javier fue el “brazo ejecutor” de Cabeza de Vaca para fabricar los expedientes penales que permitieron el encarcelamiento del ex mandatario priista. Para ello contó con la complicidad del entonces magistrado presidente del Poder Judicial, Horacio Ortiz Renán.
Derivado de ello, son entendibles los nervios del exfiscal porque, como perito en Derecho, sabe que cuando se tuerce la ley, siempre hay consecuencias. Tarde o temprano, pero las hay.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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