Ciudad de México.- La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres (Conavim) acusó a las fiscalías de estar solapando a los agresores de mujeres y dejando libres a los feminicidas.
Por su parte, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) coincidió en que la justicia está quedando a deber y los fiscales no están actuando con perspectiva de género a causa del machismo.
Durante la presentación de la campaña Es tiempo de Cambiar: Dejemos el machismo seamos hombres distintos, la titular de la Conavim, Fabiola Alanís, advirtió que si el Poder Judicial y las áreas de impartición de justicia no hacen lo que les toca, la violencia en contra de las mujeres no va a acabar.
“Y nos están quedando a deber, hay que decirlo con mucha claridad, no están haciendo su trabajo, están revictimizando a las mujeres en las fiscalías y en las agencias de los ministerios públicos, siguen echándole la culpa a las mujeres de vivir violencia, están solapando a los agresores, están dejando libres a los feminicidas, no están haciendo su tarea”, dijo.
Puso el ejemplo del estado de Michoacán, donde se registra el 10% de los feminicidios infantiles.
“En lo que va del año han ocurrido 236 feminicidios infantiles, niñas y adolescentes menores de 17 años asesinadas, abusadas sexualmente, y Michoacán tiene 22 casos de niñas y adolescentes víctimas de feminicidio, no hay un solo detenido, quién no está haciendo su tarea, no hay un presunto detenido por esos 22 casos, quién no está haciendo su tarea”, cuestionó.
“Y no quiere decir que estemos apostando al punitivismo y no estamos queriendo decir que con mayores penas vamos a librar esta pandemia, lo que estamos diciendo es que una sentencia bien lograda manda un mensaje a la sociedad que es altamente pedagógico, que esas conductas no se van a permitir y que va a haber cero impunidad”, acotó.
Alanís destacó que entre 2019 y 2022 han ocurrido 27 mil 507 casos de mujeres menores de 18 años que fueron abusadas sexualmente y que en algunos casos quedaron embarazadas
“Una niña de 6 años violada, una niña de 3 años violada va a sufrir naturalmente desgarres internos que le van a ocasionar la muerte. Los registros de las violaciones que ocurren en contra de las niñas no son los correctos, este delito es el que menos se denuncia. El año pasado en el sector salud se registraron 16 mil casos de mujeres que llegaron a atenderse, menores de 17 años a los hospitales y centros de salud porque habían sido víctimas de una violación, en carpetas de investigación que proporciona la secretaría ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad tuvimos 10 mil registros, es decir, un déficit de 6 mil casos, qué quiere decir, que las mujeres no acuden a denunciar porque hay complicidad, porque hay miedo, porque hay amenaza, porque los agresores están en casa, porque los agresores son los padrastros; 30% de los feminicidios infantiles son ocasionados por los padrastros”, señaló.
En este contexto, Nadine Gasman, titular del Inmujeres, llamó a las fiscalías a realizar su trabajo con perspectiva de género, es decir, tomando en cuenta las especificidades de las violencias y las circunstancias en las que están las mujeres.
“Y que eso pasa por cuestionarse ellos mismos, cuestionar la institución, las instituciones son instituciones machistas y tenemos que ir cambiando esto. La justicia está dejándonos a deber, hay un grado todavía de impunidad importante, las personas, los ministerios públicos, los fiscales no están actuando con perspectiva de género”, reconoció
REVOLUCIÓN
Al hablar de la campaña del Inmujeres explicó que se trata de una revolución de conciencias que invita a reflexionar sobre los prejuicios y estereotipos. Desmitificar, por ejemplo, a los hombres como proveedores, dejar de pensar que la vida de las mujeres es inferior, que ellas merecen ganar menos por su trabajo, que son puras emociones y nada de razón y que sus cuerpos pueden ser usados como sean.
Recordó que los homicidios son la primera causa de muerte entre hombres de entre 15 y 34 años de edad en el país, que 8 de cada 10 agresiones son cometidas por hombres y que 6 de cada 10 estudiantes de entre 12 y 17 años son agredidos por sus propios compañeros de clase.
Se sienten inseguros 48% de los menores
Entre niñas, niños y adolescentes, 67% respondieron que a sus familias les cobran por tener agua potable y al 10% les han negado el acceso.
Un informe alternativo que será entregado al Comité de los Derechos del Niño, elaborado por niños y niñas representantes de 6 entidades del país revela que 48% se sienten inseguros en sus propias comunidades.
El documento donde los niños y niñas alzan la voz, destaca que 43% no conoce ningún mecanismo de denuncia en caso de violencia y 40% siente que las autoridades nunca o muy pocas veces respetan su opinión
Siete de cada 10 (69%) siente que niñas y adolescentes mujeres presentan más riesgos de sufrir violencia que un niño o adolescente varón. En el caso de los servicios de salud, 76% dijo contar con un centro de salud en sus comunidades, sin embargo, el 52% comentó que le ha pasado o sabe de alguien que necesite un doctor o doctora y no haya habido alguno disponible; y el 12% se han sentido incómodas e incómodos mientras los atienden en una consulta médica.
En cuanto al tema educativo, el 12% contestó no contar con una escuela cerca de su hogar, mientras que el 58% consideró que se debe mejorar la infraestructura en su escuela, y al 38% le gustaría que se mejore el método de enseñanza.
Respecto al tema del agua, 67% de niñas, niños y adolescentes respondieron que a sus familias les cobran por tener agua potable y al 10% les han negado el acceso.
Del porcentaje que no cuenta con acceso al agua, el 29% ha tenido que acarrear agua de un pozo y el 21% ha tenido que comprar o pedir pipas.
En el marco del aniversario 33 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), el informe será entregado al Comité de Derechos del Niño.
La CDN es el primer tratado internacional especializado de carácter obligatorio que reconoce los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes del mundo.
México ratificó la CDN el 21 de septiembre de 1990, por lo que quedó obligado a adoptar todas las medidas de cualquier otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella a favor de todas las niñas, niños y adolescentes en el país.
