Ciudad de México.- En los últimos cuatro años, los estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México y del resto del país han provocado posibles daños al erario por 271 mil 487 millones 745 mil pesos, por el manejo ineficiente de los recursos que les ha otorgado el gobierno federal, pero apenas 2% de ese monto, unos 5 mil 527 millones, se reportó como recuperado.
De acuerdo con una revisión realizada por EL UNIVERSAL a 4 mil 680 observaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha realizado a los gobiernos locales desde el mes de febrero de 2018 hasta octubre de 2021, 265 mil 960 millones 697 mil pesos del monto total observado se reportaron como “por aclararse”, sin que hasta la fecha se haya hecho público si se recuperaron o no.
Lo anterior equivale a la entrega de 17 millones 383 mil pensiones del Bienestar, para que la misma cantidad de adultos mayores recibieran el beneficio bimestral de 2 mil 550 pesos durante un año completo.
En dicho periodo, la ASF ha detectado diversas irregularidades en el manejo de los fondos federales por parte de las entidades y municipios, como pagos a trabajadores muertos, o que ocupan hasta tres plazas en un mismo centro de trabajo; adjudicaciones directas sin evidencia documental de trabajos realizados, incumplimientos en obligaciones de transparencia, obra pagada no ejecutada, adjudicaciones que excedieron los montos máximos y compras a sobreprecio, entre otras.
En 2018 se detectaron probables daños al erario, a través de mil 349 auditorías, por más de 144 mil 722 millones de pesos, de los cuales sólo mil 485 millones se recuperaron en lo inmediato. Quedaron pendientes de recuperar 143 mil 237 millones.
En 2019, con 982 fiscalizaciones, se detectaron probables daños al erario por más de 56 mil 64 millones de pesos, de los cuales se recuperaron mil 297 millones de pesos, quedando más de 54 mil millones por aclarar.
Para 2020, la ASF hizo mil 616 auditorías a los estados y municipios, en las que se observaron 63 mil 10 millones de pesos por aclarar. De ese total, se recuperaron en lo inmediato 2 mil 176 millones de pesos, mientras que quedaron pendientes más de 60 mil 834 millones de pesos.
El 30 de octubre de este año se publicó la segunda entrega de las auditorías de 2021; hasta junio de ese año, la ASF realizó 733 auditorías en las que se observaron probables daños al erario por más de 7 mil 689 millones de pesos, de los cuales ya se aclararon 567 millones y quedan 7 mil 122 por aclarar.
En el año 2020, se descubrió que mediante el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), los estados reportaron pagos a trabajadores durante periodos de licencia sin goce de sueldo, después de la fecha de su baja definitiva de la dependencia, así como a empleados identificados como fallecidos.
También se encontraron pagos a empleados que ocupaban hasta tres plazas distintas en un mismo centro de trabajo.
De igual forma, se ubicaron irregularidades en los recursos destinados para el programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC), entre las que destacan adjudicaciones directas a programas de música y arte, pero sin evidencia documental de que se realizaran.
En la revisión del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades se ubicó asimismo obra pagada no ejecutada y obras adjudicadas que excedieron los montos máximos de actuación.
En materia de seguridad, el órgano fiscalizador reveló que en el uso del subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (Fortaseg), los estados y municipios incurrieron en pago de bienes con precios superiores a los contratados, pago de volúmenes en exceso en las obras y adquisiciones, así como de conceptos que no se encuentran autorizados.
Los estados que peor usaron los recursos que les otorgó la Federación durante 2020 fueron Oaxaca, con observaciones por más de 4 mil 788 millones; Chihuahua, con probables daños al erario por 2 mil 448 millones; Nayarit, con más de 3 mil 169 millones de pesos, así como Guerrero y Michoacán, con más de 3 mil millones, respectivamente.
Con respecto a 2021, la ASF comprobó que las 32 entidades hicieron mal manejo del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.
Adicionalmente, se advirtió que autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) comunicaron al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre un caso de adquisición de armamento y municiones que no fueron recibidos por el Estado.
En el uso del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, se constató la realización de obra pública de mala calidad y contratos a empresas que ofrecieron los montos más altos.
En ese año, Coahuila fue la entidad más observada, con 2 mil 46 millones de pesos, seguida de Durango, con 659 millones de pesos, y Oaxaca, con 420 millones de pesos.
