Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Morena no pudo alcanzar los dos terceras partes para lograr que en el pleno del Congreso, se aprobara con dispensa de trámite, eliminar las facultades que robustecen el poder de la Fiscalía General de Justicia al tener el control de los principales ‘brazos’ preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública como es el uso de las videocámaras de vigilancia del C-4.
Con una votación de 18 votos a favor y 18 votos en contra, se decidió que la iniciativa de Morena, pasará a las Comisiones unidas y desde ahí poder debatir la eliminación de los decretos que están en vigor sobre diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas; Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios; y Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas.
Así como diversas disposiciones de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas, y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.
Actualmente la Fiscalía tiene áreas claves del Secretariado como el control del Secretariado Ejecutivo que incluye el C-4 y C-5, entre otros que se encargan de las investigaciones y tareas para tener una mayor efectividad en las investigaciones que hace la FGJT.
Marco Antonio Gallegos, Presidente de la Comisión de Seguridad, propuso aprobar esta iniciativa de reforma con dispensa de trámite por ser de urgente resolución pero al llegar a la votación de la dispensa, los diputados del PAN la frenaron y decidieron enviarla a Comisiones para su estudio.
El poder de la Super Fiscalía en Tamaulipas que se le otorgaron el 30 de junio de este año por mayoría del PAN, incluye el sectorizar la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) que formaba parte de la Secretaría de Finanzas y pasó a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).
La UIFE coadyuva ahora con la Fiscalía Especializada por lo que se constituye como la única autoridad competente del Estado para generar, obtener, analizar y consolidar información financiera, fiscal y patrimonial de personas físicas y morales, que se utilicen en investigación de hechos presumiblemente ilícitos.
“Al pasar la UIFE a ese órgano se evitará en lo conducente que las instituciones se utilicen de forma desmedida e ilegal para perseguir adversarios políticos, ya que al sectorizar en la estructura administrativa de un ente autónomo se impone una barrera para impedir el uso irracional del poder”, se estableció en su momento.
