Este miércoles reciente, el Pleno del Congreso del Estado avaló, por unanimidad de votos, reformas al Código Penal y a la Ley de Salud de Tamaulipas, “para no criminalizar la profesión médica”.
Se trata de una iniciativa polémica y peligrosa, porque literalmente significa la despenalización de la negligencia médica. Algunos usuarios de redes sociales calificaron el hecho como, una “licencia para matar” otorgada a los médicos. Literalmente les están regalando impunidad.
Son diversas las modificaciones que se le hicieron al código punitivo de Tamaulipas, pero llama particularmente la atención una cuarta fracción adicionada al artículo 235.
“No existirá delito, ni se entenderá doloso o culposo, cuando el paciente presente efectos secundarios, complicaciones propias de los tratamientos indicados o cuando se realice todo lo necesario e idóneo para salvaguardar la integridad física o la vida del paciente”, señala dicha adición.
¿Quién y cómo se va a determinar que un médico hizo lo “necesario” e “idóneo” cuando se le muera su paciente? ¿Qué sucederá cuándo el médico suministre un tratamiento médico incorrecto que cause el fallecimiento del enfermo?
En otras adecuaciones al Código Penal se establece que solo habrá responsabilidad penal para los profesionales de la salud en dos hipótesis: una, cuando “brinden su servicio bajo el influjo de sustancias tóxicas, embriagantes, estupefacientes o psicotrópicos”; y dos, por “negar el ingreso, atención y estabilización (a un centro hospitalario) a cualquier persona, en caso de urgencia”.
Todo ello significa que los tamaulipecos quedamos impedidos para proceder penalmente contra el personal médico que incurra en una negligencia, entendida esta como: “el acto u omisión del cual se deriva una lesión o la muerte de un paciente, la cual puede atribuirse a un descuido o a la ejecución errónea de la praxis médica”.
No es desconocido que, en todos los hospitales, pero con más incidencia los públicos, son comunes las historias de errores u omisiones del personal médico, que en muchos casos tienen una consecuencia fatal para el paciente.
Por ejemplo, son recurrentes los casos de pacientes a quienes les han dejado dentro de sus cuerpos instrumentos de cirugía; o de otros a quienes les administraron un medicamento que no era tolerable por su organismo.
También son comunes los casos de pacientes a quienes los médicos les lesionaron órganos cercanos de la zona que fue sometida a cirugía; les amputaron un brazo o una pierna por error; o de enfermos a los que se les aplicó una transfusión de sangre que no era compatible con su grupo sanguíneo.
En todas esas situaciones, y muchas más, no habrá forma de perseguir penalmente a los responsables.
La iniciativa, que fue impulsada por la bancada de Morena, pero particularmente por la diputada, Casandra Priscila de los Santos Flores, de profesión nutrióloga y con familia vinculada al ámbito del servicio médico, fue avalada por la totalidad de los diputados presentes en el Pleno, pero pareciera que no se dieron el tiempo para reflexionar lo que estaban aprobando.
En comisiones y luego en el Pleno, De los Santos aseguró que se hizo una consulta a personal de la fiscalía general de justicia y del Poder Judicial del Estado, y en ambos casos respaldaron las reformas, sin embargo, no se ofreció evidencia de la opinión que expresaron los consultados, y en lo personal dudo mucho que un agente del Ministerio Público, un Juez o un Magistrado, hayan avalado la iniciativa.
Por otra parte, es una barbaridad el pretexto con el que se justificó la acción legislativa, en el sentido de que: “no puede ser juzgado como delincuente un médico, auxiliar, técnico o cirujano, o de manera general un profesional de la salud, ya que siempre actúan sin la intención de cometer un crimen”.
Creer eso es tanto como suponer que los médicos son seres perfectos, lo cual es un absurdo.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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