Ciudad de México.- Al plan B de la reforma electoral, que discutirá ahora el Senado, los diputados de Morena le movieron varias comas para beneficiar a sus aliados del PT y PVEM, garantizando la sobrevivencia de la chiquillada (los partidos pequeños) cuando vaya en coalición con partidos grandes.
Son modificaciones que prosperaron ayer en la madrugada con la aprobación del dictamen que contiene, entre otros arreglos, uno para la transferencia de votos cuando se encuentre en riesgo el registro de los partidos pequeños.
Los partidos podrán postular candidatos bajo la figura de candidatura común. En este caso aparecerá en un mismo recuadro de la boleta electoral el logo o emblema de los partidos que decidan participar en esta modalidad. Los partidos deberán celebrar un convenio de distribución de los votos emitidos”, se lee en uno de los agregados a la propuesta original del presidente López Obrador.
Con este agregado a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece la figura de la candidatura común para la Presidencia; se elimina la prohibición de transferir votos entre los partidos que participen mediante esta modalidad, y propone celebrar un convenio de distribución de votos.
Otro añadido relevante que ya se encontraba planteado en las iniciativas de reforma de los aliados de Morena es el relativo a lo que a partir de ahora habrá de entender por votación total emitida:
Para todos los efectos pertinentes se entiende por votación válida emitida el resultado que se obtenga de restar a la suma de todos los votos depositados en las urnas, los votos nulos, los votos a candidaturas no registrados y los votos correspondientes a las candidaturas independientes, así como de aquellos partidos que no hayan obtenido el 3% de la votación”, se define.
La oposición alertó que ese ajuste corresponde al articulado que regula la conservación del registro y que la modificación sería contraria al criterio fijado sobre el resto de los votos de los independientes del Tribunal Electoral.
También se hicieron ajustes para que un partido político conserve el registro cuando, no habiendo obtenido mínimo el 3% en elecciones nacionales, sí lo haya alcanzado en al menos la mitad más uno del total de las entidades federativas.
