Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El INE aprobó el Protocolo para prevenir factores de riesgo en los Procesos Electorales, que tiene como objetivo salvaguardar la integridad física de las personas servidoras públicas y electoras.
Con ello, se acata una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ordenó dejar firme este protocolo.
De acuerdo a la información que dio a conocer el INE, a través del Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, este acuerdo fue aprobado por el Consejo General en sesión extraordinaria.
Señala que el propósito de este Protocolo “consiste en contar con un instrumento que permita fortalecer la coordinación y colaboración con las autoridades e instituciones coadyuvantes con competencias en temas de seguridad pública, para generar las condiciones que permitan cuidar dicha integridad física”.
Dejó en claro que “el INE no tiene atribuciones ni personal capacitado para realizar tareas de seguridad o diseñar estrategias que le permitan prevenir riesgos de esta naturaleza, de ahí que requiere el apoyo del especialista, ya sea de las instancias de gobierno competentes o bien de entes privados como empresas consultoras para cumplir de manera integral con la que ordena la Sala Superior”.
Edmundo Jacobo mencionó que la sentencia es de tal envergadura que el INE sigue trabajando en la medida de sus posibilidades y con el auxilio de quienes son competentes por la responsabilidad que tienen frente a la sociedad, así como de expertos.
“Nosotros nos dedicamos a organizar elecciones y no a temas de seguridad, iremos cumpliendo en la medida en que tengamos los insumos necesarios con este mandato”.
La Consejera Dania Ravel reiteró que la sentencia de la Sala Superior pone al INE en una posición en la que excede su competencia. El Instituto tiene la responsabilidad de organizar las elecciones bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
Señaló que el protocolo, respetando el ámbito de competencia de las autoridades de seguridad pública, establece los canales mínimos de comunicación que permitirán una acción coordinada para prevenir y actuar debidamente ante la incidencia de factores externos que pudieran afectar los comicios.
