Ciudad de México.- Por su participación en actos de corrupción, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) impuso este año sanciones administrativas a 33 servidores públicos, entre ellos, 10 magistrados de Circuito, dos juezas y cinco jueces de Distrito, así como secretarios, actuarios y oficiales administrativos.
Además, el órgano del Poder Judicial de la Federación (PJF) aplicó multas económicas por 16.4 millones de pesos a personal administrativo, y judicializó tres carpetas de investigación en contra de un juez de Distrito, un jefe de departamento y un chofer de la institución, según el cuarto y último informe del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.
En el documento de casi 100 páginas, el ministro destacó de manera particular la destitución e inhabilitación por cinco años de un magistrado en 2021, derivado de conductas relacionadas con hostigamiento sexual, durante su gestión de cuatro años al frente del SCJN.
“Asimismo, en 2020 el CJF confirmó la inhabilitación por 20 años y la sanción económica por 3.49 millones de pesos al exdirector general de Inmuebles y Mantenimiento, por haber recibido dinero que no correspondía a sus prestaciones, en un asunto con enorme repercusión mediática, conocido como el cajuelazo”, presumió.
Durante su cuarto informe de labores, Zaldívar, quien dejará la presidencia de la Corte el 2 de enero de 2023, aseguró que en su administración se desarticularon las redes de corrupción y tráfico de influencias que imperaban en el Poder Judicial de la Federación, el cual entregará “renovado, íntegro, moderno, profesional y con sentido humano”.
Dijo que antes, el Poder Judicial prefería “voltear la cara, en vez de enfrentar el problema con autocrítica y transparencia”.
Por lo que al asumir la presidencia y “a partir de un diagnóstico profundo y una estrategia clara, en cuatro años logramos desarticular las redes de corrupción y tráfico de influencias que imperaban en la Judicatura”.
