¿Usted cree que las empresas dueñas de famosas marcas de ropa, como Versace, Chanel, Gucci, Calvin Klein, entre otras, se den el tiempo para acudir ante la fiscalía general de la República (FGR), a formalizar denuncias por venta ilícita de sus prendas en pueblitos como Ciudad Victoria?
Exacto: nosotros también creemos que se trata de un despropósito, pero ese ha sido el argumento que han venido utilizando agentes del Ministerio Público y policías federales, para clausurar pequeños y medianos comercios en la capital del estado, con el argumento de que están violando la ley al ofertar, sin autorización, productos de esas marcas.
De acuerdo a las denuncias hechas públicas a través de redes sociales, desde hace algunas semanas, los fiscales y policías están llegando a los negocios para proceder a decomisar ropa y otros artículos, para luego proceder a colocar sellos de clausura.
Se trata de modestos negocios, con los que algunos victorenses tratan de sobrevivir. Las personas acuden periódicamente a Estados Unidos, hacen compras de ropa y otros artículos en oferta, en Mc Allen o Brownsville, y los traen para revenderlos
Muchos de esos productos son promovidos incluso en pequeños inmuebles que operan con el sistema de “cubos”, donde una persona renta mensualmente un espacio.
El punto es que los agentes de la FGR están llegando a los negocios, y tras implementar su operativo “invitan” a los dueños a comparecer ante la instancia federal para que comprueben el origen lícito de la mercancía, y por supuesto, su ingreso legal al país como productos de importación.
Sin embargo, la acción de la fiscalía genera muchas dudas y sospechas. Más que un operativo contra la ilegalidad, las acciones policiales tienen un tufo de extorsión.
Esperemos que, desde el nivel central de la FGR expidan acuse de recibo de las denuncias ciudadanas en redes sociales. Es lo mínimo que debe hacer para honrar esa cantaleta del gobierno federal de la “4T”, de que en este país, y sobre todo en esta administración, ya no existe corrupción.
El órgano de control interno de la FGR no debe tener tanto problema para indagar hasta dónde los operativos de los agentes del Ministerio Público tienen un real fundamento legal, o son un simple pretexto para extorsionar a quienes invierten patrimonio y esfuerzo para tratar de subsistir.
Vale decir, de paso, que hay un sospechoso silencio de los organismos empresariales, como la Fecanaco, Canaco y Coparmex, entre otros, que en tiempos electorales casi siempre alzan la voz para hacer reclamos.
¿Por qué están tan callados?
EL RESTO.
LO MISMO DE CADA AÑO.- Como cada fin de año, nuevamente los retenes militares instalados sobre las carreteras que conducen de Victoria a Monterrey y de Victoria a la frontera, están convertidos en un “cuello de botella” para los miles de turistas y paisanos que intentan llegar a distintos puntos del país.
Filas kilométricas se han venido formando en los puntos de revisión, sobre todo en el sentido de norte a sur, pero lo mismo ocurrirá en el sentido contrario durante los últimos días del año, y en los primeros del 2023, cuando los vacacionistas vayan de regreso.
Se trata de un hecho absurdo, e inútil, porque las supuestas revisiones que deben realizar los militares en busca de drogas, armas y otros ilícitos, en realidad no se practican. Apenas uno o dos de cada 10 vehículos son revisados. En el resto de los casos, los soldados se limitan a saludar al conductor.
En serio, ¿No habrá alguien capaz de encontrar una estrategia que evite estos congestionamientos carreteros?
ASI ANDAN LAS COSAS.
[email protected]
