El 2022 fue un año más de fracaso para el sistema de justicia penal acusatorio, y por ende para todo el sistema de procuración e impartición de justicia.
Desde que arrancó, en 2016, el modelo de enjuiciamiento penal, a través de juicios orales, solo ha venido dando traspiés. Nada de lo que se nos ofreció a los ciudadanos, se ha consumado.
Igual que con el modelo tradicional de justicia, hoy las procesos avanzan a paso de tortuga, lo que ha generado un enorme rezago de carpetas de investigación.
En sede judicial las cosas no son muy diferentes. También los asuntos tienen rebasada la capacidad operativa de los jueces, por lo que aquel ofrecimiento de que los juicios se resolverían en un tiempo promedio de 3 meses, ha quedado en una simple fantasía.
Evidentemente quien está pagando las consecuencias son los justiciables, porque la justicia esta tardando mucho tiempo en llegar, con todas las implicaciones que eso tiene para cada persona que acude a denunciar un delito.
También, igual que en anterior modelo de justicia, la corrupción sigue siendo un problema presente. Es un secreto a voces que para hacer que una carpeta de investigación avance, es obligado “aceitar” la maquinaria policial y ministerial.
Obviamente, tampoco ha sido posible evitar que, en muchos casos los Jueces y Magistrados resuelvan asuntos en función de la línea que reciben desde el Poder Ejecutivo. Faltaría espacio para enumerar los asuntos de índole político en que las sentencias han sido más políticas que jurídicas.
¿Qué ha fallado?, le pregunté la semana pasada a varios abogados, de los pocos que se han capacitado en el sistema de justicia penal acusatorio. La respuesta fue contundente: ha fallado todo y han fallado todos.
De entrada, coinciden en que, desde que se estrenó, en forma generalizada en el 2016 (porque en Tamaulipas se comenzó a experimentar con el modelo a partir del 2013), el sistema de justicia penal acusatorio comenzó con el pie izquierdo.
No hubo capacitación suficiente para los operadores del sistema, sobre todo para policías, agentes del Ministerio Público y jueces, por lo que la consecuencia inevitable fue que la carga de trabajo se fue acumulando año tras año.
Ha sido tanta la carga de trabajo, que en el Poder Judicial tuvieron que reformar la Ley Orgánica para que los tribunales de enjuiciamiento pudieran ser integrados por un solo Juez, y no por tres como señalaba originalmente la ley.
De esa manera, el Poder Judicial quiso salvar la insuficiencia de jueces.
Sin embargo, es evidente que la medida no fue suficiente.
Lo más grave de todo, señalan los litigantes, es que el gobierno no muestra mucho interés por resolver el origen de fondo del problema.
¿Cuál es la solución? Mayor presupuesto, coinciden.
Más presupuesto para aumentar los operadores del sistema, desde policías, peritos, agentes del Ministerio Público, Jueces, y por supuesto, también auxiliares administrativos.
Sin embargo, también se necesita más presupuesto para reforzar la capacitación a los operadores, de manera que incrementen el uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, y figuras como los criterios de oportunidad y otras herramientas contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. De esa manera, se reducirá el número de asuntos que lleguen a la instancia de juicio, para aspirar a que, a la vuelta de pocos años, se abata el rasgo descomunal existente.
Esperemos que el nuevo gobierno estatal, que inició apenas en octubre, entienda la gravedad de las cosas y se aplique en resolver el “cuello de botella” en que está atrapada la justicia tamaulipeca.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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