Ciudad de México.- De 2018 a la fecha han sido asesinados 7 sacerdotes católicos y se han recrudecido el secuestro de religiosos, así como el “cobro de derecho de piso” por parte del crimen organizado para que iglesias católicas puedan permanecer abiertas.
De acuerdo con el Reporte de Incidencia de la violencia contra ministros, religiosos y laicos de la Iglesia Católica en México, elaborado por el Centro Católico Multimedial (CCM), el país es por 14 años consecutivos uno de los más peligrosos para ejercer el sacerdocio.
El estudio señala que en 2022, se registraron cerca de 800 extorsiones, amagos y amenazas contra sacerdotes en la República Mexicana, principalmente los motivos de estos delitos están vinculados a fraudes y apropiación ilícita de recursos de las víctimas necesarios para el ejercicio de su ministerio.
En el 2022 destacaron las declaraciones de los mismos obispos que fueron impedidos en su derecho de circulación por retenes del crimen organizado en distintos estados del país.
Los detalles fueron proporcionados por el cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, Sigifredo Noriega Barceló, obispo de Zacatecas y Rafael Sandoval Sandoval, obispo de Autlán, quienes manifestaron haber sido detenidos y que él los cárteles que operan en el norte del Estado de Jalisco y Zacatecas exigen derecho de piso a los párrocos.
Las cuotas podrían ascender a la mitad de las colectas que se recaudan, producto de fiestas patronales que son una fuente principal de recursos para muchas parroquias y comunidades católicas del país”, dice el estudio del CCM.
De acuerdo al trabajo realizado por el sacerdote Omar Sotelo Aguilar director del CCM y Guillermo Gazanini Espinosa, coordinador de la unidad de investigación del CCM, “es de lamentarse que no existan resultados específicos en las indagatorias correspondientes”.
De 2018 a 2022 se registraron alrededor de 24 agresiones semanales a templos y congregaciones católicas. Entre estos se registra el robo común, ataques con fines de profanación y agresiones directas a sacerdotes y líderes de comunidades católicas, además de asesinatos perpetrados contra clérigos por diversas causas predominando las derivadas de sus acciones pastorales seguida por el robo o bien otra causa de índole personal.
Excélsior publicó ayer que José Dorian Piña Hernández, seminarista del tercer año de la etapa de Teología del Seminario Diocesano de Zacatecas, fue asesinado a balazos.
De acuerdo con el informe del CCM, en 2022, el sacerdote José Guadalupe Rivas, desapareció desde la tarde del domingo 15 de mayo y fue localizado muerto en un rancho cercano a Hacienda Santa Verónica en Tecate, Baja California. Era presidente de la Casa del Migrante ubicada en la colonia El Descanso en Tecate, a la que se había integrado en el 2021.
Y este año, el caso más conocido fue el de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, asesinados al interior de una parroquia el 20 de junio en Cerocahui, poblado de la Sierra Tarahumara en Chihuahua.
RESPONSABLES
Sobre los miembros del crimen organizado que realizan estas acciones contra religiosos, una proporción mínima tiene la consignación y sentencia de responsables, pero no hay elementos que permitan conocer si las víctimas y sus familias han tenido justicia y reparación del daño, señaló el CCM.
Agregó que los sacerdotes también son víctimas de desaparición forzada, y citó el caso del padre Santiago Álvarez Figueroa de la diócesis de Zamora, desaparecido desde el 29 de diciembre de 2012.
Asimismo, destaca el caso del sacerdote Carlos Órnelas Puga, quien desapareció el pasado 3 de noviembre de 2013, tampoco se tiene conocimiento de su paradero, comentó un representante de la Diócesis de Ciudad Victoria.
