Los datos “duros” de las autoridades policiales revelan que, un alto porcentaje de los delitos que ocurren en la entidad, se cometen en vehículos de los llamados “chocolates”.
Se trata, por lo general, de unidades de procedencia extranjera de las que el gobierno no tiene el mínimo dato de identificación. Precisamente por eso los utilizan los delincuentes: porque las posibilidades de que el vehículo sea rastreado son nulas.
Ese ha sido un problema bastante añejo, sobre todo en entidades que hacen frontera con Estados Unidos, incluida, por supuesto, la nuestra, por la facilidad para ingresarlas de contrabando al país.
Tan grave es la incidencia de delitos que se cometen con vehículos “chocolates”, que el gobierno federal aprobó, el año pasado, un enésimo decreto de regularización de ese tipo de unidades.
La intención, argumenta la autoridad, es disponer de toda la información necesaria de cada unidad, como parte de una estrategia para inhibir la delincuencia.
El problema es que, igual que sucedió con los anteriores decretos de regularización, no se han implementado acciones paralelas que frenen el contrabando de vehículos “chocolates”.
No hay cifras oficiales, pero se estima que por cada vehículo regularizado están ingresando cinco más, echando al traste con ese propósito con que el gobierno justificó su autorización para regularizar o nacionalizar miles de unidades.
Cualquier ciudadano, sobre todo en los municipios fronterizos, sabe que el contrabando de vehículos “chocolates” es un jugoso negocio para las autoridades aduanales, incluyendo la Guardia Nacional, corporación orgullo del gobierno lopezobradorista.
Por cada vehículo, el propietario paga en los puentes internacionales entre 300 y 400 dólares para que le permitan cruzar la frontera hacia México.
En esas condiciones, es iluso o fantasioso decir que, con la regularización se acabara con la invasión de los “chocolates”.
En realidad, la autorización del gobierno federal para nacionalizar esas unidades tiene un propósito político. Lo único que busca es cosechar simpatías ciudadanas que en el 2024 se conviertan en votos.
Lamentable que así sea porque, aunque la autoridad lo niegue, el daño a la industria nacional de vehículos es enorme.
Cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del gobierno federal, revelan que, en 2022 se regularizaron alrededor de un millón 050 mil “chocolates”, casi 38 mil más de los vehículos nuevos de producción nacional vendidos.
Frente a todo ello, queda claro que el decreto de regularización, que se extendió hasta el último día de marzo, no resuelve el problema delincuencial, ni resuelve nada.
O pensándolo bien, si resuelve algo: la necesidad de votos de Morena. Por cada “chocolate”, el gobierno federal quiere asegurar un voto para su partido.
EL RESTO.
¿MÁS DE LO MISMO?.-Este jueves, la Diputación Permanente del Congreso del Estado iniciará las entrevistas con los 18 aspirantes al cargo de comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Itait).
La elección del nuevo comisionado será la ocasión perfecta para saber, si ese tipo de procedimientos de designación recae en quien realmente tiene los méritos para ello, o, como en el pasado, se elegirá a quien ordenen desde Palacio de Gobierno.
Ojalá y que la designación del nuevo funcionario sea genuino y transparente. Es tiempo de acabar con esa práctica recurrente de los gobiernos, de darle esos espacios a los amigos o compadres, y no a quienes realmente están preparados para ejercerlos.
Veremos y diremos.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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