Faltan trece días para la fecha del 19 de febrero, cuando los tamaulipecos acudiremos a las urnas a elegir un nuevo senador, o senadora, que ocupe el asiento que quedó vacante en la cámara alta del Congreso de la Unión, luego de la lamentable muerte del morenista, Faustino López Vargas, y es un hecho irreversible que no habrá debate entre los tres contendientes por el cargo.
No lo habrá por una razón: porque la ley electoral no obliga a los candidatos a participar en ese ejercicio.
El tema merece traerse a la mesa de la discusión pública, porque es una pena que se nos siga privando a los electores de una excelente alternativa para conocer con más detalle la personalidad, pero sobre todo la preparación que tienen los contendientes por un cargo de elección popular, como es la senaduría que está en disputa.
También vale la pena entrar al análisis del asunto, porque representa una buena área de oportunidad para que los legisladores, tanto locales como federales, impulsen una reforma del marco jurídico electoral que obligue a los candidatos a participar en los debates.
El debate es la vía idónea para que los ciudadanos conozcamos y valoremos a quienes aspiran a convertirse en nuestros representantes populares.
A través de ese ejercicio de confrontación de ideas y propuestas, es donde usted y yo podemos ver lo preparado y lo confiable que puede ser un candidato.
Como coloquialmente se dice, en el debate podemos ver lo que “trae en el morral” cada uno de los participantes en la contienda electoral.
De ahí la importancia de que se reforme la ley electoral para cerrar esa puerta, o rendija, por la que se escabullen aquellos que, por conveniencia o hasta por pánico escénico, le sacan la vuelta al debate.
Y es que, desde hace muchos años ha sido una constante que, en cada elección el candidato que puntea en las preferencias electorales es el que siempre se resiste a participar en la confrontación de propuestas.
Así está ocurriendo actualmente cuando el puntero, José Ramón Gómez Leal, se resiste a debatir con la abanderada del PAN y PRI, Imelda Sanmiguel Sánchez, y el candidato del PVEM, Manuel Muñoz Cano.
Antes y ahora los líderes de las encuestas electorales han usado los mismos argumentos o razones para no asistir a los debates, pero en realidad en el fondo el único motivo por el que se niegan a participar es que piensan que, de hacerlo solo se expondrán a que sus contendientes saquen ventaja, atacándolos o descalificándolos.
Consideran que exponerse frente a un auditorio de cientos de miles o millones de personas, solamente les implica riesgos y ante ello entonces prefieren abstenerse.
Pero volvemos a lo mismo: el debate no es un ejercicio para que uno gane y otros pierdan. De lo que se trata realmente es darle al electorado mejores elementos para evaluar a quienes le están pidiendo su voto.
Por eso, mi convencimiento acerca de la urgencia de una reforma que acabe con esa discrecionalidad que la ley le concede actualmente a los candidatos para que asistan o no a los debates. Deben ser obligados a debatir. Si o sí.
¿O no cree usted?
EL RESTO.
HIPOCRESÍA .- Este cinco de febrero se celebró un aniversario más de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Como ocurre cada año en esta fecha, un grupo de servidores públicos y políticos se reúnen para celebrar el cumpleaños de nuestra Carta Magna y destacar lo importante que es para nuestro país y, sobre todo para los mexicanos.
Lamentablemente, no hay nada que festejar. Si la Constitución pudiera hablar, lo primero que les diría a quienes la celebran es, “hipócritas”. Por supuesto que, como en todo, hay sus excepciones, porque existen aquellos que se esfuerzan por respetar nuestra Ley Suprema.
Y es que, por lo menos durante los últimos cinco años la Constitución ha sido vejada, pisoteada y atropellada, por quienes han jurado respetarla y hacerla respetar.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
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