Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La iniciativa de reforma judicial que se discute en el Congreso de Tamaulipas, busca separar la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia local de la del Consejo de la Judicatura, lo que representa “un retroceso en términos de independencia judicial”, alertan diversas organizaciones de la sociedad civil.
De acuerdo a un comunicado emitido por México Evalúa y 20 organizaciones ciudadanas más, entre ellas Observatorio Tamaulipas, reprochan la iniciativa que se presentó el pasado 31 de enero, con el fin de que la presidencia del Consejo de la Judicatura no recaiga en el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, como ocurre actualmente.
“Uno de los problemas detectados en la iniciativa es que no plantea la distribución de las atribuciones del actual presidente entre ambas presidencias, sino que prevé que ambas tengan todas las atribuciones, lo cual probablemente generaría conflictos importantes entre quienes lleguen a encabezar estas dos instituciones, lo que acabaría debilitando al Poder Judicial”, se destaca.
Consideran que lo más preocupante es que, antes de presentar la iniciativa, las diputadas sin partido Linda Mireya González Zúñiga y Sandra Luz García Guajardo, no parecen haberla consultado con el Poder Judicial local pese al gran impacto que tendría sobre la organización y el funcionamiento de este último.
Las organizaciones enfatizan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó una disposición similar prevista en la Constitución de la Ciudad de México.
La resolución de la Controversia Constitucional 81/2017 recalca que separar las presidencias del Tribunal y del Consejo de la Judicatura “obliga a disociar la coordinación entre los dos órganos y obstaculiza el gobierno del Poder Judicial”, por lo que “implica un riesgo de conflictos competenciales dentro del mismo”. La existencia de este criterio implica que, de no consensuarse la reforma con el Poder Judicial local, éste podría impugnarla y la Corte la invalidaría.
Entre las organizaciones que firman este comunicado como Borde Jurídico, Borde Político, Colectivo Defendamos El Cerro de la Reina, Tonalá, Jalisco, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano, A.C. (DLM), Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C. y Fundación para la Justicia entre otros hacen un llamado al Congreso de Tamaulipas para “no aprobar la iniciativa sin antes realizar un auténtico proceso de parlamento abierto”.
De esta manera, añade, no solamente se permitirá discutir todos los alcances e implicaciones de dicha reforma con los representantes del Poder Judicial y con expertos académicos y de la sociedad civil, sino también reflexionar sobre cuáles son las reformas que sí son necesarias para impulsar un mayor acceso a la justicia, hacer más eficiente el servicio y consolidar la independencia judicial.
