Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, deberá ser elegida por el “voto personal, libre, directo y secreto de los miembros” de este sindicato, establece el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado.
De esta manera, establece la diputada Úrsula Salazar Mojica Presidenta de la Junta de Coordinación Política, este proceso de elección en el SUTSPET deberá ajustarse a las reglas democráticas y de paridad de género.
Recordó que esta acción obedece a una reforma que se aprobó a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas en el que se adiciona el artículo 71 Bis.
En este, dijo, se establece que el periodo de duración de las directivas no podrá ser indefinido o de una temporalidad tal que obstaculice la participación democrática de los afiliados, y tampoco podrá ser lesivo al derecho de votar y ser votado. Las elecciones que incumplan estos requisitos serán nulas.
Además lo anterior, será requisito para la validez de la celebración del contrato colectivo, así como de las negociaciones inherentes a la defensa y conquista de derechos de los miembros del sindicato. Quien encabeza la directiva no podrá reelegirse para el periodo inmediato siguiente.
En todo momento el periodo de la directiva podrá ser revocada por la votación de la mayoría de los miembros del sindicato y se llamará a nueva elección.
Uno de los casos más palpables del cacicazgo sindical es el que se vive en el SUTSPET.
La actual Secretaria General de este sindicato, dijo, tiene 29 años en el cargo y en el 2023 cuando termina su actual periodo, estará cumpliendo 30 años como titular del sindicato de la burocracia del Gobierno del Estado.
Aunado a ello, Blanca Valles es hasta hoy, la única Secretaria General de un sindicato de la burocracia Estatal que ha negociado los contratos y aumentos salariales así como prestaciones para los trabajadores con seis gobernadores y de continuar en el cargo lo hará en el 2023 con el gobernador Américo Villarreal Anaya.
“La iniciativa que propusimos, no pretende sino homologar un criterio que ya es obligatorio en todo el país, y que atiende a principios democráticos, a partir de los cuales, resulta inadecuado considerar que el voto abierto es una manifestación de “certeza para las partes”, ya que se inhibe la expresión libre del trabajador, la cual se logra y fomenta a través de la expresión del voto de manera secreta”, destacó la Presidenta de la Junta de Coordinación Política.
