Ciudad de México.- A partir de abril y hasta agosto de este año deberá concretarse el proceso de reducción del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), establece el régimen transitorio del plan B electoral, el cual ordena el cese inmediato de Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto.
Dada la modificación de las facultades de Secretaría Ejecutiva con la entrada en vigor del presente decreto, la persona titular de dicho cargo cesará en sus funciones a partir de su publicación”, dice el artículo décimo transitorio del plan B electoral que ayer quedó de primera lectura en el pleno del Senado.
En abril, que es el mes en que ya no estarán los consejeros Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Favela Herrera y José Ramón Ruiz Saldaña, el Consejo General “identificará las medidas, adecuaciones administrativas y el costo que implicará la reestructuración orgánica del Instituto para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Decreto, y planificará su ejecución para que, a más tardar el 1 de agosto de 2023, se haya concluido.
Los remanentes presupuestales que se generen con motivo de la presente disposición deben ser reintegrados a la Tesorería de la Federación”, ordena el décimo transitorio.
De acuerdo con la ruta de cambios estructurales que tendrá el sistema electoral mexicano que contiene el régimen transitorio, a partir de la entrada en vigor de la reforma y a más tardar en abril, “el Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificará la normativa que se deberá adecuar conforme al presente decreto, para garantizar que, antes del inicio del proceso electoral 2023-2024, haya emitido la necesaria para proveer el cumplimiento de lo dispuesto en las reformas contenidas”.
Precisa en el décimo segundo transitorio que a más tardar en mayo, “el Consejo General tomará opinión de los órganos desconcentrados con relación al perfil y competencias idóneas de los vocales operativos, con el fin de que, a más tardar el 1 de junio se tenga concluido el diseño del proceso de evaluación de los actuales vocales de las Juntas Distritales para determinar, de entre ellos, quiénes ocuparán el cargo de vocal operativo en las oficinas auxiliares que se instalarán con motivo de la entrada en vigor del presente decreto”.
Mientras los senadores de Morena acusan a la oposición que mienten al afirmar que se pretende el desmantelamiento del INE, el régimen transitorio del plan B electoral ordena que “la Secretaría Ejecutiva revisará con las unidades administrativas, órganos delegacionales y subdelegacionales del Instituto las estructuras orgánicas no incluidas en la reestructuración prevista en el presente decreto, con el fin de compactarlas al mínimo indispensable para su operación”.
Añade que “a más tardar el 1 de mayo, el Consejo General emitirá los lineamientos para la revisión, redimensionamiento y compactación de la estructura orgánica de las unidades administrativas del instituto ordenada en el presente decreto, así como de la Coordinación Nacional de Comunicación Social, la Coordinación de Asuntos Internacionales, la Dirección del Secretariado y la Unidad Técnica de Servicios de Informática.
Los lineamientos deberán establecer la metodología y políticas para cumplir tal fin, así como criterios técnicos para garantizar la debida alineación de las estructuras orgánicas y ocupacionales con las atribuciones conferidas en los ordenamientos jurídicos aplicables; evitar la duplicidad de funciones con otras unidades administrativas.
Establecer y justificar la descripción y perfiles de puestos; ejecutar una efectiva valuación de puestos; propiciar el equilibrio en los tramos de control, y evitar saltos jerárquicos en la línea de mando”, dispone.
El artículo Vigésimo Quinto ordena el recorte de salarios para los integrantes del Consejo General y del resto de mandos superiores del INE, así como de los órganos electorales de los estados y ordena que no se considerará como trabajo especializado o técnico calificado a los profesionales que hacen funcionar el sistema electoral del país.
Al TEPJF le ordena compactarse de 7 a 5 salas regionales y respetar los derechos laborales de quienes dejen sean considerados no indispensables.
