A finales del año pasado, una persecución de película, en la que figuraron camionetas blindadas, derrapar de llantas, aullar de sirenas policiacas y persistentes balaceras a la luz del día y a lo largo de varias calles, hundió a Matamoros, Tamaulipas, en el miedo y el caos.
Militares que habían seguido cinco camionetas tripuladas por delincuentes armados, terminaron enfrentándose con estos en una calle de la colonia Chapultepec.
Enfrentamientos y persecuciones regresaron el primer día de enero de 2023 a esa ciudad fronteriza que se encuentra bajo el dominio del Cártel del Golfo y en la que la percepción social de la inseguridad creció de manera dramática en solo tres meses: de septiembre a diciembre del año pasado.
Según las cámaras empresariales, Matamoros se perdió: a la población le comienza a parecer natural tener que pagarle al crimen organizado por todo: por vender flores, pollos, refacciones y hasta llantas usadas.
Por vender o rentar maquinaria. Por ser dueño de un taller, una tienda o de un puesto del mercado. Por formar parte de la flota de taxis “piratas” más numerosa que hay en México.
En Matamoros, el crimen organizado vende el único alcohol que se puede consumir en los bares. En Matamoros, el Cártel del Golfo cobra una comisión por todo lo que entra al país y cruza por la aduana.
Y también, el crimen organizado le pone cuota hasta al más insignificante de los materiales de construcción:
“No entra una varilla sin que se pague un moche por ella. Hay un encargado para cada cosa. Y como ahora todo está suelto, sencillamente la maña se apoderó de todo, se quedó con todo”, explican.
Los encargados de esta operación, según las fuentes, son los integrantes de una célula del Cártel del Golfo bajo las órdenes de José Alberto García Vilano, alias Ciclón 19 o La Kena.
Sin embargo, comerciantes y empresarios matamorenses no están solo bajo el imperio criminal que los extorsiona mediante el miedo y la fuerza de sus armas. Las cámaras de comercio, Canacintra y Canaco, han denunciado que en Matamoros la extorsión tiene una segunda cara, y esta viene del Ayuntamiento.
Apoyado en una ley de regulación de asentamientos humanos que exige a empresas y negocios la actualización del uso de suelo y demanda una serie de requisitos, entre estos un certificado otorgado por Protección Civil, el gobierno del morenista Mario Alberto López Hernández ha desatado una campaña de extorsión a empresas y negocios, según denuncian las Cámaras.
Sin dar tiempo a que los empresarios se autorregulen, Protección Civil peina negocios, comercios e industrias instalados en la ciudad:
“Protección Civil hace un dictamen, pone impone multas estratosféricas, advierte que la multa se tiene que pagar antes de tres días, ‘y si no, te cierro’”, explican los empresarios.
A continuación, “Protección Civil recomienda un gestor al que se le paga en efectivo y quien extiende un recibo llenado a mano”.
Documentos mostrados al columnista indican que algunas multas fueron del orden de los 500 mil pesos. A un colegio se le impuso, sin embargo, una multa de 6 millones de pesos.
En uno de los casos se desglosó el costo de la licencia de funcionamiento: 1,920 pesos; el pago por uso de suelo: 6,375; el pago de la multa: 200 mil pesos, y los honorarios del gestor: 40 mil pesos más. Los recibos fueron llenados a mano.
La Canaco exigió ayer la reducción de las multas, un periodo de gracia sin sanciones para que empresarios y comerciantes se autorregulen de acuerdo con la ley, así como el cese de funcionarios que desde la llegada al poder de López Hernández “aterrorizan con multas y requerimientos económicos millonarios: el secretario del Ayuntamiento, el director jurídico de la SEDUE, y el director de Protección Civil”.
“En todos los casos, las empresas se atoraban para obtener el dictamen de Protección Civil. En todos los casos Protección Civil ofrecía un gestor que recaudaba en efectivo y sin factura”, denuncian.
Según Joel Gómez, presidente de la Canaco, se espera una respuesta del gobernador Américo Villarreal, “quien tiene ya las evidencias de las extorsiones y los nombres de los funcionarios que recibieron sumas millonarias”.
De un lado, el cobro de piso del narco. Del otro, el cobro de piso del alcalde. Es decir, el cobro de piso del bienestar.
EL UNIVERSAL
