Ciudad de México.- En los primeros minutos de este jueves 2 de marzo fue promulgado el decreto con las cuatro leyes que habían quedado pendientes del denominado plan B en el Diario Oficial de la Federación.
Consecuentemente, a partir de hoy, entrarían en vigor los artículos transitorios que así lo establecen para las reformas, adiciones y derogación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General de Partidos Políticos (Legipe); la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral que dicho decreto expide.
Con esta publicación iniciará también la contenida lluvia de amparos por parte de funcionarios y personal del servicio profesional de elecciones del INE y organismos públicos locales electorales (Oples) que se consideren afectados en sus derechos, ya que la Legipe los compacta, elimina y fusionará diversas áreas.
Destaca el caso de Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE, y a quien la reforma le dedicó exprofeso un transitorio para que, una vez publicado este decreto, él entregue el cargo que desaparece en el nuevo organigrama.
Se trata del funcionario a quien el Consejo General del INE instruyó el 18 de enero anterior para que, una vez entrados en vigor los cambios correspondientes al árbitro electoral, se presentaran ante la Suprema Corte las acciones de inconstitucionalidad relativas a los artículos que, según ese colegiado, se vulneran con las legislaciones secundarias reformadas.
También los partidos políticos de oposición, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano tendrían listos sus recursos de impugnación.
En la movilización de Mi voto no se toca del domingo 26 de febrero, el exministro José Ramón Cossío confió en que la Sala Superior de la SCJN declarará la inconstitucionalidad del plan B.
También en esa concentración en el Zócalo se hizo el llamado a los ciudadanos a firmar los Amicus Curiae que las organizaciones civiles presentarán ante la Corte, valiéndose así del ese recurso que busca fortalecer y apoyar los argumentos de quienes impugnan alguna reforma que consideran violatoria de la Constitución.
De acuerdo con los debates que se dieron en el Congreso, en torno al plan B, éste violaría al menos una docena de artículos, destacadamente los que garantizan la autonomía del INE y le dan certeza a los partidos y a los ciudadanos en que las contiendas serán bajo condiciones de equidad.
