Ciudad de México.- El Senado de la República decidió un nuevo proceso legislativo para elegir a la persona que ocupará la vacante que deje Francisco Javier Acuña en el pleno del Inai, pues eliminó las maratónicas comparecencias y acordó someter a “consulta” de expertos la definición de los mejores perfiles; sin embargo, esas opiniones no tendrán peso en su decisión, pues aclara que “no serán vinculantes”.
Después de la polémica desatada el 1 de marzo, cuando el pleno del Senado ignoró las evaluaciones que los propios senadores y el Comité de Expertos realizó y eligió como comisionados del Inai a una persona que estuvo en los últimos lugares de evaluación y que después fueron vetados por el Ejecutivo federal, el Senado decidió modificar la forma en que desarrolla el proceso legislativo.
Sin embargo, aunque dice claramente que el nombramiento no será producto de cuotas partidistas, mantiene el principio que las voces de expertos no serán vinculantes, por lo que queda incólume la facultad de los coordinadores parlamentarios para decidir quién será comisionado.
Dada la relevancia que implica el nombramiento de una persona integrante del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), por ser un órgano autónomo que posee especialización en su área, el proceso para la selección de quien ocupará este cargo no deberá guiarse por intereses partidistas o situaciones coyunturales, sino con estricto apego a la legalidad”, dice el numeral 18 de las consideraciones del acuerdo sobre el proceso legislativo que realizarán las comisiones del Senado.
El acuerdo, difundido en el sitio web del Senado, dice que en esta ocasión, por primera vez, desde que el Senado tiene la facultad de elegir a los integrantes del Inai, no habrá entrevista presencial de los aspirantes a comisionados.
Determina que “las comisiones, realizarán una consulta abierta dirigida a personas, asociaciones civiles, organizaciones sociales, instituciones académicas y demás interesados en esta designación, para que éstas puedan enviar recomendaciones y/o propuestas a lo largo del proceso de evaluación, las cuales no serán vinculantes”.
Así, deja claro que las opiniones de estos expertos, activistas e interesados no serán determinantes para la elección de los comisionados; la decisión quedará exclusivamente en los criterios de los coordinadores parlamentarios que se agrupan en la Junta de Coordinación Política.
Añade el Acuerdo que, “de igual forma, recibirán preguntas de los sectores antes mencionados que puedan poner a prueba la capacidad de las personas aspirantes, las cuales, luego de ser analizadas en pertinencia y atinencia por las comisiones, serán remitidas a las y los candidatos para que sean contestadas”; es decir, que los aspirantes recibirán las preguntas que les formules y éstos las responderán, sin que el Senado tenga control alguno de si esas respuestas son hechas por los aspirantes o fueron auxiliados por otras personas.
Las comisiones responsables de este proceso son la de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, que preside el emecista Juan Zepeda y la de Justicia, que encabeza la morenista Olga Sánchez Cordero.
