Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Uno de los dos Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación en Tamaulipas, estudiará un recurso de revisión que interpuso la Fiscalía General de la República en contra del amparo otorgado al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que suspende la orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La suspensión definitiva contra el mandamiento judicial, fue otorgado por el juez Octavo de Distrito Faustino Gutiérrez Pérez, quien en todos los recursos interpuestos por el ex mandatario le ha dado la razón.
Cerca de las 6 de la tarde de este martes, Francisco García Cabeza de Vaca tuiteo en sus redes sociales que: “La @FGRMexico anunció lo que ya sabíamos: Impugnará el amparo que se me concedió tras la burda persecución política en mi contra. Confío plenamente en el Poder Judicial de la Federación, pues como ha sido hasta hoy, el tiempo y la ley nos seguirá dando la razón”.
Cabeza de Vaca aún está viviendo en los Estados Unidos, además de ser ciudadano norteamericano.
Por ello, un Tribunal Colegiado estudiará los criterios legales que emitió el juez federal para saber si está legalmente argumentando el proceso para cancelar la orden de aprehensión, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por su parte, el juez Octavo de Distrito Faustino Gutiérrez, con base en la ciudad de Reynosa, notificó que el Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, interpuso el recurso de revisión y una vez que el expediente sea enviado por esta sentencia de amparo, uno de los Tribunales Colegiados en base en Tamaulipas deberá estudiar el caso.
Los Magistrados del Tribunal Colegiado deberán confirmar, revocar o modificar la sentencia dictada por el Juez Federal Faustino Gutiérrez, quien habría ordenó a un juez de control del Centro de Justicia Federal con residencia en Almoloya de Juárez en el estado de México, dejar sin efecto la orden de captura y ordenó que se emitiera una nueva resolución donde se establezca que no existen datos que acrediten que el ex gobernador haya cometido los delitos por los cuales se le acusa.
Sin embargo para la FGR el Juez Octavo de Distrito en el estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, actuó como un agente de defensa del imputado y beneficiarlo, en vez de asumir su papel como juzgador.
“Ante esa sentencia, notoriamente alejada del derecho y del más elemental sentido de justicia, se promoverá el medio de impugnación correspondiente, a la vez que, se analizarán las acciones legales que podrían llevarse a cabo en relación a la autoridad que la emitió”, informó la Fiscalía General de la República, en un comunicado.
Y añadió: “Es más que evidente en la sentencia de amparo aludida, que quien la emite, antes que hacer un análisis específico e integral tanto de lo que se planteó al solicitar la orden de aprehensión, como de lo resuelto por el Juez de Control al librar la orden de aprehensión, así como de lo alegado por la parte promovente del amparo, se dedica por entero a tratar de explicar y justificar las operaciones financieras del quejoso, las cuales en todo caso denotan la organización de hecho realizada por el citado y otras personas para la realización de ciertas conductas que llevan a la materialización de uno de los delitos contemplados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada”, indicó la dependencia federal.
Asimismo, consideró absurdo el argumento del juez Faustino Gutiérrez al establecer que no podrían coexistir los delitos de delincuencia organizada y el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuando es por demás conocido que el primero de ellos, es autónomo por esencia e incluso no requiere que se materialice la conducta o finalidad de la organización.
Además, considera que el juicio de amparo fue tramitado y resuelto sin convocar al agente del Ministerio Público de la Federación (MPF), que investigó y judicializó el caso, cuando en derecho era obligado haberle dado la oportunidad de intervenir por su calidad de tercero interesado en ese juicio.
