Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó el día de hoy la Reforma a la Ley General de Comunicación Social (LGCS), la cual establece que las entidades federativas y municipios determinarán su propio límite de gasto del programa anual de comunicación social.
Los diputados del PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, MC y Morena acuerdan modificar iniciativa de AMLO y eliminan párrafo que ataba a todos los gobiernos en materia de publicidad
En este sentido, se han establecido criterios específicos para la aplicación de gasto público en propaganda gubernamental, los cuales están basados en los principios de austeridad republicana, economía y racionalidad presupuestaria, legalidad, finalidad, oportunidad y territorialidad.
Por su parte el Diputado Erasmo González Robledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, manifesto: “La finalidad de esta reforma es garantizar que los recursos públicos sean administrados de forma transparente y honrada. Con esta medida, refrendamos el compromiso con la austeridad y la racionalidad en el uso del erario público”.
Entre los criterios para la aplicación de gasto público en propaganda gubernamental, se encuentra la austeridad republicana, que obliga a los entes públicos a combatir la desigualdad social, la corrupción y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales. Además, se establece que los entes públicos no podrán reclasificar el gasto público en materia de comunicación social de una manera distinta a la aprobada en el presupuesto de egresos respectivo, salvo los casos que sean aprobados por las autoridades correspondientes.
Asimismo, se prohíbe contratar campañas de comunicación social a precios superiores a los que pagan anunciantes privados, y se establece que los entes públicos tomarán como referencia las tarifas registradas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, se debe garantizar que los contenidos de interés general y atención prioritaria se difundan en el momento oportuno y en el área geográfica correspondiente.
Esta Reforma busca garantizar que el gasto público en propaganda gubernamental sea administrado con eficiencia y eficacia, para satisfacer los objetivos a los que están destinados, y contribuir al bienestar y desarrollo de la sociedad.
Es importante destacar que en el caso del gobierno federal permanece en la LGCS el límite de gasto en comunicación social del 0.1% del presupuesto anual. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados lo remite a la Cámara de Senadores para su trámite legislativo.
