En el Senado de la República está lista, para ser votada, una iniciativa de reforma a la constitución que busca convertir en delito grave el tráfico de armas de fuego.
Los legisladores pretenden que el delito sea incluido en el catálogo de aquellos que, de acuerdo al artículo 19 de la Carta Magna, merecen prisión preventiva oficiosa, cuya consecuencia inmediata será que, en automático la persona que sea acusada por ese ilícito sea internada en una prisión mientras un juez decide sobre su culpabilidad o inocencia.
El objetivo de fondo de la acción legislativa en proceso, se señala, es frenar el tráfico ilegal de armas de fuego, por considerar que se trata del principal factor detonante de la violencia delincuencial en el país.
Para probarlo, sus promoventes ofrecen datos duros, como el de que 7 de cada 10 homicidios dolosos son cometidos con un arma de fuego. También refieren que en un alto porcentaje de robos el delincuente opera armado.
Nadie pone en duda esas y otras cifras preocupantes sobre el uso de armas por parte de la delincuencia, tanto la organizada como la llamada delincuencia común.
El problema es que, nuevamente se recurre a la tesis o hipótesis de que aumentando las penas carcelarias se va a frenar la incidencia criminal. Nada más iluso y fantasioso que eso. No existe un solo delito cuya incidencia ha disminuido porque se le incrementaron las penas. No lo hay, ni en el ámbito federal ni en lo local.
Por eso resulta absurdo que, a pesar del monumental y recurrente fracaso de esa estrategia, las legislaturas, tanto locales como federales, insistan en querer combatir la incidencia delictiva a base de decretazos. En Tamaulipas, cada semana sus diputados ingresan iniciativas para aumentar los castigos en delitos como la violencia familiar o los delitos sexuales, como si ello fuera la solución para frenarlos.
En el caso específico del tráfico de armas, es infantil creer que los grupos criminales van a dejar de seguir en esa práctica solamente porque a unos diputados y senadores se les ocurrió convertir en grave el delito.
No. Si es real la intención de frenar el ingreso ilícito de armas provenientes de Estados Unidos y otros países, lo que se requiere es atacar la corrupción que impera en las aduanas fronterizas.
Es ahí, en la porosidad de la frontera, originada por la complicidad de quienes presuntamente tienen como tarea vigilar y combatir la ilegalidad, donde nace el escandaloso tráfico de armas de fuego hacia México.
Por lo tanto, si no se ataca la corrupción aduanera, podrán castigar con mil años de prisión el tráfico ilegal de armas de fuego y nada cambiará.
Por todo ello, los legisladores y los gobiernos deben dejar de recurrir a remedios estériles, cuya funcionalidad está más que probada.
¿Lo harán o se mantendrán en su necedad?
EL RESTO.
ALMARAZ Y SU FANTASIA.- El diputado federal “panista”, Oscar Almaraz Smer, anda convencido de que puede ser, por segunda ocasión, alcalde de Victoria.
Por esa razón, el empresario hamburgesero tiene activada una estrategia de proselitismo que consiste, básicamente, en comenzar a recorrer las colonias de la capital para ir sensibilizando a los victorenses y que llegado el momento le otorguen su voto.
El proyecto de Almaraz es fantasioso. Lo es porque su administración municipal fue un desastre, pero también porque su vínculo con el exgobernador panista, Francisco García Cabeza de Vaca, representa una losa para sus aspiraciones.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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