Ciudad de México.- Antes de finalizar el periodo ordinario de sesiones, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados tiene como prioridad la aprobación de la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, que contempla revocar concesiones y permisos mediante una cláusula de terminación anticipada y asignación de contratos directos por el jefe del Ejecutivo.
Legisladores federales de la bancada mayoritaria en San Lázaro confirmaron que la siguiente semana se pretende materializar el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que fue presentada por el presidente López Obrador el pasado 28 de marzo y llevarla al salón de plenos antes del 30 de abril.
Dicha iniciativa despertó la preocupación del sector empresarial. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) manifestó que los costos de los proyectos se incrementarán debido a los altos riesgos que significará prestar servicios a entidades gubernamentales.
El secretario de la Comisión de Hacienda, el diputado por Movimiento Ciudadano, Salvador Caro Cabrera, advirtió que el objetivo central de la iniciativa es tener control sobre los proveedores y terminar el contrato de bienes y servicios bajo cualquier razón.
El legislador emecista opinó que políticamente sirve como “amago” a las empresas, a un año de que sea el proceso electoral del 2024 para la renovación de la Presidencia de la República y apoyar a Morena.
La iniciativa hace que los proveedores en términos de obras públicas o de bienes y servicios queden sujetos a lo que determine el sector de gobierno que los está contratando. Esta iniciativa tenía sentido como apertura de sexenio, pero ya es el último tramo. Ya no inician proyectos. ¿Por qué lo presenta ahorita? Por el control sobre los proveedores”, opinó.
La iniciativa está centrada en tres ejes: revisión de actos de corrupción, prevención de actos lesivos al interés público o que puedan dañar al erario y el fortalecimiento de la administración pública federal.
Con reformas a 23 leyes que rigen las relaciones de los particulares con el Estado en materia de licencias, permisos, concesiones, contratación y licitaciones públicas nacionales e internacionales.
Establece el término de “cláusula exorbitante” al señalar que en los contratos administrativos se ha omitido este término.
Dicha cláusula otorga prerrogativas a la administración pública sobre los particulares por lo que el Estado puede terminar la relación jurídica de manera anticipada y unilateral cuando así convenga al interés público, general o social”, señala el texto.
En defensa de la iniciativa, el diputado por Morena y secretario de la Comisión de Hacienda, Daniel Gutiérrez, negó que la iniciativa represente discrecionalidad por la “cláusula exorbitante” o facultades del jefe del Ejecutivo para la asignación de contratos.
El legislador morenista manifestó que se están revisando las opiniones al respecto, sin embargo, puntualizó que sí han existido contratos ventajosos que han afectado a la población y causado daños patrimoniales.
Hay concesiones que se han dado que lejos de beneficiar al país lo perjudican. Es una facultad que tiene la parte administrativa del Poder Ejecutivo, pero eso no afecta la estabilidad de las empresas”, aseguró.
Expuso que hay una buena relación del gobierno federal con las empresas, como el caso de la empresa Iberdrola a quien quieren comprar de 13 de generación eléctrica, luego de que en el pasado el presidente acusará a la empresa española de ejercer presiones contra la reforma eléctrica.
En la exposición de motivos el presidente López Obrador señala que en materia de indemnizaciones el gobierno federal heredó procedimientos jurisdiccionales promovidos tanto en instancias nacionales como extranjeras en las que se reclama el cumplimiento de contratos, concesiones, permisos, otorgados de manera ilegal, así como el pago de indemnizaciones desproporcionadas.
El Presidente de la República expuso en su iniciativa que el pago de indemnizaciones de administraciones pasadas en 2020 ascendió a 214 millones de euros, es decir, 4 mil 271 millones de pesos, que equivalen a 10 veces más del presupuesto de la Dirección General de Epidemiología.
Argumentó que en el Plan de Desarrollo 2019-2024 está definida la recuperación del Estado de derecho y la separación del poder político del poder económico, la estricta vigilancia en los conflictos de interés de personas servidoras públicas en la asignación de concesiones e imposición de sanciones. Asimismo, reconoce la supremacía del interés general, público y social sobre el interés privado.
