Ciudad victoria, Tamaulipas.- Los funcionarios públicos que difundan fotografías, videos y documentos digitales de accidentes y de las escenas del crimen, que terminen en manos de los medios de comunicación y las redes sociales, podrían enfrentar penas de dos a seis años de prisión.
Cassandra de los Santos Flores, diputada de Morena, presentó la iniciativa que fue enviada a Comisiones pero a ella se adhirieron los grupos parlamentarios del PAN, PRI, Diputadas sin partido y Movimiento Ciudadano.
En la iniciativa de reforma se propone adicionar un capítulo V sobre Difusión de Daños a Víctimas del delito y artículo 202 Bis al Código penal para el Estado de Tamaulipas.
Uno de los argumentos que presentó la legisladora local, es que esa imágenes que alimentan las notas rojas de los medios de comunicación y que se extienden a las redes sociales, provoca que crezca la violencia en contra de las víctimas y en muchos casos son mujeres.
“Para efectos se sustentar la presente iniciativa, es necesario también definir la “Victimización secundaria” como la acción u omisión institucional que genera un maltrato físico y/o psicológico a las víctimas y/o testigos en el proceso de acceso a la justicia”.
Ejemplifico el grado de daño que se está generando con la difusión de las imágenes que se les adjudica a las autoridades que son, los primeros respondientes en las escenas del hecho violento.
En junio de 2019, Nataly Alonso Rodríguez fue víctima de feminicidio en el estado de San Luis Potosí, su mamá narró a la periodista Marcela del Muro lo siguiente: Esta información no debió haber sido publicada, la dignidad de mi hija no debió nunca lastimarse de esa manera. Nataly nunca estuvo en prisión como la nota lo dice, pero si lo hubiera estado no es una justificación para vivir toda la violencia que se le ejerció y que terminó con su vida.
Otro caso similar que sacudió al país fue el asesinato de Ingrid Escamilla por su pareja Érick Francisco Robledo, el 9 de febrero de 2020, donde el feminicida en un intento de deshacerse del cuerpo de Ingrid, lo evisceró y mutiló para poder tirarlo al drenaje. Toda brutalidad que le arrebató la vida a Ingrid y posteriormente su dignidad, fue expuesta en redes sociales y medios de comunicación debido a que los propios agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, filtraron imágenes y videos del cuerpo de la víctima, la escena del crimen y del feminicida cubierto de sangre.
“En este tenor, el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) aprobó la ‘Ley Ingrid’ con 58 votos a favor, la cual, al igual de que la Ley Olimpia, no es una ley como tal, sino un conjunto de medidas legislativas como el dictamen en cuestión, que fue aprobado de manera unánime para modificar Artículo 293 Quáter del Código Penal de esa entidad”.
Infortunadamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el artículo 227 Bis del Código Penal del Estado de México, correspondiente a la citada ley, debido que consideró ambigüedad en su redacción y la carencia de precisión podría dar lugar a la violación de la libertad de expresión consagrada en la Carta Magna. Aunque se mantiene en las demás entidades.
“Empero, la propuesta legislativa para instaurar la Ley Ingrid en nuestra entidad centra su acción en los servidores públicos para evitar este supuesto”, destaca la legisladora.
