Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La invasión de predios y la creación de asentamientos humanos irregulares, serán castigados con seis años de cárcel, se propone en una iniciativa que el Congreso del Estado dio a entrada a la propuesta de la diputada Consuelo Nallely Lara Monroy.
La diputada de Morena Lara Monroy, señala que actualmente existen en Tamaulipas 230 asentamientos humanos irregulares identificados, de los cuales 100 son de reciente creación. Victoria con 30 y Matamoros con 29, son los municipios con mayor cantidad de ellos.
Dentro de la iniciativa, se propone castigar a quienes puedan crear nuevas colonias en terrenos irregulares que en su mayoría, se hace en predios que son invadidos.
La modificación más relevante que se propone al Código Penal es la adición de la fracción VIII para que señale que será responsable del delito cometido por fraccionadores: “El que por sí o por interpósita persona, circule o delimite medidas perimetrales o señale puntos cardinales tendientes a asentarse en un predio rústico o urbano, sin los requisitos y autorizaciones de urbanización exigidos por las leyes respectivas.
Añade: “Se equiparará el presente delito al que incite a la ocupación ilegal o promueva de manera personal o a nombre de una inmobiliaria, por algún medio de difusión impreso o electrónico, la venta de un predio fraccionado o que está siendo fraccionado sin las autorizaciones correspondientes, ya sea de su propiedad, o en el caso de un bien inmueble ajeno, con o sin el consentimiento de su propietario”.
Para quien incurra en ese delito el código contemplará penas de dos a seis años de prisión y multa de 300 a mil veces el valor de la Unidad de Medida Actualización (UMA).
Cuando el responsable sea un servidor público, se le inhabilitará hasta por seis años para ocupar algún cargo gubernamental.
Incluso, se considera que es “urgente” una reforma de este tipo al Código Penal, debido a la gran cantidad de asentamientos irregulares que personas como líderes de colonos, promueven esta acción para beneficio propio.
Junto con la reforma al Código Penal se proponen reformas a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.
En la Ley de Responsabilidades Administrativas también se establecerán sanciones para los servidores públicos por encubrimiento cuando no denuncien hechos constitutivos del delito cometido por fraccionadores. La pena será de uno a cinco años de prisión.
