Dos iniciativas de reforma constitucional que están en la agenda legislativa van a “incendiar” la tribuna del Congreso del Estado en los días por venir.
Se esperan plenarias de excesiva hostilidad (y eso ya es mucho decir por toda la violencia verbal que hemos visto en la presente legislatura) entre las bancadas de Morena y el PAN.
Los morenistas empujando las iniciativas y los panistas intentando frenarlas.
Una de esas iniciativas es la que más ruido está haciendo desde ahora. Consiste en la modificación de la fracción primera del segundo párrafo del artículo 19 Bis de la constitución local, en el que se garantiza el privilegio de protección personal al término de su mandato, para exgobernadores y los extitulares de la Fiscalía General de Justicia y de las secretarías de seguridad pública y general de gobierno.
Se trata de un privilegio que en 2021 se auto asignó el entonces gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.
Para que no fuera muy descarado el “regalo”, Cabeza de Vaca utilizó al entonces diputado del PRI, Florentino Sáenz Cobos, para que presentara, como suya, una iniciativa de decreto con ese tema. A cambio, Tinito recibió como regalo una subsecretaría.
Actualmente, ese privilegio le cuesta al erario público, y como consecuencia a nosotros los ciudadanos, alrededor de dos millones 200 mil pesos mensuales por pago de nómina a cerca de 50 escoltas.
El punto es que, el pasado miércoles, el morenista Vargas Fernández, propuso derogar esa parte de la constitución para anular el beneficio de protección gratuita para los ex y sus familias.
Por supuesto que la sola propuesta indignó a los panistas. El senador Ismael García Cabeza de Vaca, llegó al extremo de culpar al gobernador, Américo Villarreal Anaya, y a cuatro diputadas que se declararon sin partido (aunque siguen perteneciendo al PAN) de poner en riesgo a su hermano, el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
El legislador federal intenta hacernos creer, a los tamaulipecos, que sin escoltas el exmandatario quedaría indefenso y vulnerable frente a la delincuencia que combatió durante su sexenio, como si fuera un pobre ciudadano que carece de los medios económicos para pagarse seguridad personal.
A mi me parece que el Senador exagera el punto y lo único que busca es hacer ruido mediático tratando de hacer aparecer como víctima a su hermano, porque no creo desconozca la existencia de un principio de irretroactividad de la ley, que impide que una reforma se aplique de forma retroactiva cuando cause afectación.
Tampoco tiene sentido que arremeta contra las diputadas sin partido, por dos razones: una, porque no son ellas quienes impulsan la reforma constitucional; y dos, porque es una acción legislativa que ni siquiera ha sido dictaminada en comisiones.
La otra iniciativa que confrontará a diputados guindas y azules es también una reforma para eliminar el “blindaje” que Cabeza de Vaca y la anterior legislatura de mayoría panista le pusieron a la constitución local, al establecer que cualquier reforma a la misma debía ser avalada por al menos la mitad de los 43 ayuntamientos.
Para ello Morena propone derogar un segundo párrafo al artículo 165 de la ley suprema, con lo cual los ayuntamientos quedarían fuera del procedimiento reformador de la constitución.
Como puede inferirse, hay razones para que la tribuna se “incendie” cuando ambos asuntos lleguen al Pleno Legislativo.
La expectativa es todavía mayor porque, para que ambas reformas avancen se requiere del voto de 24 diputados, que representan las de terceras parte de los integrantes del Congreso, y Morena no los tiene ni aún sumando a tres diputadas sin partido, a Movimiento Ciudadano (MC) y al PRI.
Cuando mucho, Morena y sus aliados sumarían 22 votos, si es que el PRI apoya las reformas, lo que significa que andan faltando dos votos.
Por supuesto que eso ha generado mucha especulación hacia dentro del Congreso del Estado, sobre todo porque se asegura que Morena tiene ya asegurados los votos faltantes, los cuales saldrían precisamente ¡de la bancada panista!
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
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