Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá el próximo lunes el proyecto que busca anular una parte del plan B electoral, luego de que rechazó aplazar el análisis de las acciones de constitucionalidad en contra de la reforma, como solicitó la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF).
Por unanimidad, los 11 ministros de la Corte determinaron que no era factible atender la petición, ya que la impugnación se listó con fecha fija para su discusión, el 8 de mayo, y se registró con carácter de electoral, por lo que debe resolverse antes de que comience el próximo proceso comicial 2023-2024.
Así, el pleno de la SCJN discutirá el lunes el proyecto que busca anular las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, que integran la primera parte del llamado plan B.
El pasado miércoles, la CJEF pidió a la Suprema Corte que, por seguridad jurídica, resolviera sobre la constitucionalidad de la reforma a la Ley General de Comunicación Social efectuada en mayo de 2018, antes de pronunciarse acerca de las reformas a la misma legislación aprobadas recientemente.
Corte determina analizar primero el tema electoral
Iniciará discusión del plan B; no habrá contradicción en fallos sobre reformas de 2018 y 2023 impugnadas.
Por unanimidad, los 11 ministros que integran el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron no atender la petición de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), y el próximo lunes se discutirá el proyecto que busca anular las reformas a las leyes generales de Comunicación Social (LGCS) y de Responsabilidades Administrativas (LGRA), que integran el llamado plan B de la reforma electoral.
En un comunicado, el Máximo Tribunal informó que su presidenta, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, puso a consideración del pleno la petición de la Consejería para resolver primero, los recursos presentados en contra de las reformas a la LGCS de 2018.
“Al respecto, las 11 ministras y ministros determinaron por unanimidad que no es factible atender dicha petición, ya que la impugnación presentada en 2023 se listó con fecha fija para el próximo lunes 8 de mayo, en términos de la legislación aplicable, toda vez que se ha tramitado con el carácter de electoral”, se indicó.
La SCJN explicó que la sentencia que dicte para las reformas del año pasado no tendrán un impacto en las relacionadas con las primeras, de 2018, por ser temas diferentes.
“El pleno consideró que el análisis que comenzará el próximo lunes no provocará el dictado de sentencias contradictorias ni afectará los principios de seguridad y certeza jurídica, ya que en este asunto se impugnaron procedimientos legislativos que son distintos a los controvertidos en 2018, a pesar de que se trate de la misma norma.
“Asimismo, el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas —a la cual no se le dio el trámite de materia electoral—, no ha sido entregado a la Secretaría General de Acuerdos de la SCJN”, se explicó.
El proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, que se discute el lunes, resuelve las acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos, diputados y senadores de oposición, en contra del decreto del 27 de diciembre de 2022, en el que se publicaron reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.
Al dar la admisión a trámite, el ministro ponente concedió la suspensión para que los cambios no se aplicarán en el Estado de México y Coahuila, que actualmente se encuentran en campañas para la elección de gobernadores.
El ministro Pérez Dayán propondrá al pleno de la Corte la invalidación de las reformas a las leyes que integran la primera parte del plan B, por considerar que en su aprobación el Congreso de la Unión incurrió en faltas y omisiones en el proceso legislativo.
Luego de que se adelantó el proyecto del ministro ponente, el miércoles, la CJEF informó en un comunicado que había solicitado a la SCJN que, a partir del orden de prelación y por seguridad jurídica, primero se votaran las impugnaciones que se habían presentado en contra de la LGCS por su reforma en 2018.
Las acciones de inconstitucionalidad 52, 53 y 55, todas de 2018, fueron recibidas por la ministra Loretta Ortiz Alhf, al incorporarse a la Corte, al concluir el periodo del ministro Fernando Franco González Salas.
La ministra ponente de los tres asuntos retiró sus proyectos, presentados en enero de 2020, al considerar que las reformas a la LGCS del año pasado obligaban a elaborar nuevas sentencias para sobreseer.
