Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Las reformas dictaminadas en Comisiones, para desbloquear los candados que dejó el PAN a Morena, no llegaron al pleno del Congreso.
Incluso, una de las iniciativas aprobadas en Comisiones y que se bajaron, fue para eliminar las facultades a los Ayuntamientos en la aprobación de reformas constitucionales que acuerden las dos terceras partes de los legisladores, pero se perdió en el camino.
Aunque estaba en el orden del día, el Presidente de la Mesa Directiva Isidro Vargas, dio a conocer que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política entre PAN y Morena, se acordó retirar del orden del día el dictamen y fijar una nueva agenda en la sesión de este martes.
El martes pasado, las Comisiones unidas acordaron por mayoría tumbar la facultad que la constitución otorgaba a los Cabildos, para dar el aval -del 50% más uno-, a las reformas Constitucionales que aprobaron los diputados en el pleno del Congreso del Estado.
Los Diputados aprobaron adicionar un párrafo al artículo 165 de la Constitución que establece: “Una vez aprobada la iniciativa de reforma y adiciones, se enviará ésta a los Ayuntamientos con copia de las actas de los debates, los cuales en el término de 30 días naturales deberán notificar si la aprueban o no”.
Uno de los efectos de esta reforma es que se permite modificar el Artículo 165 de la Constitución Política de Tamaulipas, no sólo para el caso de eliminar el segundo párrafo, sino para ajustar lo relativo al texto donde se establece que se requiere de las dos terceras partes de los diputados presentes para reformar este máximo ordenamiento.
Con ello, el texto propuesto quedaría: “Esta Constitución podrá ser reformada y adicionada, pero para que las adiciones y reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que previamente sea tomada en cuenta la iniciativa de reformas o adición por la declaratoria de la mayoría de los Diputados presentes y que sea aprobada cuando menos por las dos terceras partes de los diputados presentes”.
Los diputados en el pleno acordaron además, no subir el dictamen aprobado en comisiones para eliminar la protección y seguridad a los ex gobernadores, al ex secretario general de Gobierno, al ex secretario de Seguridad Pública y al ex Fiscal General de Justicia, cuando estos hayan terminado su encomienda.
En la ley se establece que los ex funcionarios podrían tener seguridad y beneficios de protección estatal durante el mismo tiempo que estuvieron en el cargo y de ser necesario podría extenderse un periodo más.
Con ello, tanto el ex gobernador como el ex Secretario General de Gobierno que, estuvieron seis años en el cargo, podrían tener seguridad personal hasta por 12 años en su caso.
Morena, argumentó que mensualmente se gasta en salarios de 56 policías un millón 200 mil pesos mensuales, sin contar el pago de seguros o beneficios adicionales como vehículos blindados y armamento que se les proporciona para cuidar en el estado a los ex funcionarios y sus familias.
