Ciudad de México.- La corrupción, la ilegalidad y la impunidad ocasionaron un fuerte daño al Estado de derecho y son factores que inhiben los negocios, la inversión y el crecimiento económico y que limitan la competitividad, aseveró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), que dirige Carlos Hurtado López.
Para el CEESP, calcular el costo de esta problemática es difícil, aunque se han hecho esfuerzos importantes.
Por un lado, el Banco Mundial estima que la corrupción puede reducir la tasa de crecimiento de un país entre 0.5 y 1 puntos porcentuales por año.
Según las investigaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la inversión en los países corruptos es casi un 5% menor que en los países relativamente exentos de corrupción.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en 2021 el costo total consecuencia de corrupción en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de 9.5 mil millones de pesos. Resalta que una tercera parte del costo total se genera en el contacto con autoridades de seguridad pública.
Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad señala que el costo total estimado a consecuencia de la inseguridad y el delito a las empresas ascendió a 120 mil millones de pesos.
“La consolidación de las instituciones ilegítimas ha traído consigo una imagen desfavorable a nivel mundial para nuestro país, reduciendo el atractivo para la inversión. Esto es muy grave en el momento de mayor oportunidad que tiene México ante las tendencias a la relocalización”, dijo el CEESP.
De acuerdo con Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 126 en el índice de percepción de la corrupción 2022 dentro de un universo de 180 países y el World Justice Project muestra que ocupa el lugar 115 en el Índice de Estado de Derecho en un universo de 140 países.
“Por años, ha prevalecido un ambiente en el que no necesariamente gana el que tiene la razón, sino quien tiene la mayor capacidad de corromper las instituciones que rigen la actividad económica. Ello es excluyente y regresivo toda vez que son menos y los que menos tienen quienes cuentan con posibilidades reales de acceder y competir con éxito en las actividades económicas rentables”, dijo el organismo.
