Ciudad de México.- La Ley 3 de 3, que impedirá a los violentadores ser candidatos en las elecciones de 2024, alcanzó el respaldo constitucional al ser avalada por 17 congresos estatales.
La reforma sería promulgada a inicios de junio para que se modifiquen las reglas electorales de la contienda federal, y que quienes hayan incurrido en violencia familiar, sexual o económica, al no pagar la pensión alimentaria, ya no puedan ser postulados a cargos de elección.
Al ser una reforma constitucional, además de la aprobación de las cámaras federales se requiere que la mitad más una de las 32 entidades también lo hagan.
Ayer, Chihuahua, Durango, Yucatán y Zacatecas se sumaron a los 13 estados que han respaldado el decreto.
En Chihuahua se estableció la suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, por violencia familiar y/o doméstica, por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal, así como para el deudor alimentario moroso. Para la diputada zacatecana Gabriela Pinedo, la ley inhibirá la violencia de género.
Tiran carrera política a los violentadores
17 Congresos avalaron ley 3 de 3; acusados de violencia familiar, sexual o que deban pensión alimenticia no serán candidatos
La Ley 3 de 3 que evitará que violentadores sean candidatos en las elecciones de 2024 alcanzó ayer el respaldo constitucional al ser avalada ya por 17 Congresos estatales.
Este requisito permitirá que la reforma sea promulgada en los primeros días de junio y que pueda modificar las reglas electorales de la contienda federal, a fin de que quienes hayan incurrido en violencia familiar, sexual y económica, al no pagar la pensión alimentaria, no puedan ser postulados a cargos de elección popular o bien obtener un empleo en los tres órdenes de gobierno, sea federal, estatal y municipal.
Bajo la consigna de “¡ningún agresor al poder!”, los poderes legislativos de Chihuahua, Durango, Yucatán y Zacatecas se sumaron este miércoles 17 de mayo a los 13 estados que ya habían respaldado el decreto.
Como se trata de una reforma constitucional, además de la aprobación de las cámaras federales, se requiere que la mitad más una de las 32 entidades también lo hagan.
Las colectivas feministas que impulsaron la ley 3 de 3 contra la violencia esperan que el próximo miércoles sea oficialmente anunciado el cierre exitoso del proceso parlamentario en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ya que diputados y senadores están en periodo de receso.
El Grupo Plural de Igualdad Sustantiva de la Cámara de Diputados prevé que para dentro de una semana casi la totalidad de los poderes legislativos locales habrán ratificado su apoyo a la reforma que modifica los artículos 38 y 102 constitucionales.
En el Congreso de Chihuahua se aprobó el decreto que establece la suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, por violencia familiar y/o doméstica, por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal, así como para la persona deudora alimentaria morosa.
La diputada Adriana Terrazas Porras expuso que la honorabilidad de las personas debe ser un elemento primordial para ser parte del servicio público, con la finalidad de otorgar garantías para erradicar cualquier tipo y modalidad de violencia contra las mujeres en razón de género, así como para otorgar certeza a las víctimas de ésta sobre la no elegibilidad de personas agresoras.
En el Congreso de Zacatecas el decreto salió adelante por unanimidad, en una sesión en la que los legisladores aprobaron que se impedirá que agresores sexuales, infractores de violencia familiar y deudores alimenticios puedan acceder a candidaturas para cargos de elección popular y cargos públicos.
Durante una sesión que duró casi seis horas, los diputados zacatecanos coincidieron en prohibir que los aspirantes a cargos de elección popular sean individuos con antecedentes de violencia de género, vicaria o que tengan registros de condena por conductas infractoras de violencia doméstica.
La diputada Gabriela Pinedo destacó la relevancia de la Ley 3 de 3, que además de tratar de inhibir la violencia contra las mujeres también preservará los derechos del interés superior de la niñez, ya que se impide a los hombres quienes incumplen las obligaciones hacia sus hijos acceder a candidaturas o puestos de elección popular.
Las entidades que ayer avalaron la reforma se suman a los estados de Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Morelos, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.
