Ciudad de México. Al ampliar los cuestionamientos en torno a Sonia Vargas, recientemente incorporada al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial -designación cuestionada por el presidente Andrés Manuel López Obrador-, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, dijo que ella es directamente responsable de la firma de contratos por un monto de 71 millones 600 mil dólares durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Encuadró esta operación como parte de una trama de corrupción que se realizó bajo la gestión de Genaro García Luna a su paso por la administración pública federal.
Durante la conferencia de prensa, Gómez detalló un conjunto de contratos que involucran a otros funcionarios de la Policía Federal Preventiva y de la secretaria de Seguridad Pública y que conforman el núcleo central de la demanda que ha presentado el gobierno mexicano para recuperar 700 millones de dólares surgidos de operaciones ilícitas e involucrados en triangulación de lavado de dinero.
Dijo que por ahora la denuncia se encuentra detenida por una apelación de la defensa de estos funcionarios involucrados que cuestionan la competencia del Tribunal en Florida. Señaló que esto deberá resolverse próximamente para continuar por el proceso emprendido para recuperar los recursos extraídos al erario.
Entre los funcionarios que mencionó involucrados en firma de contratos mencionó a Rodrigo Esparza, comisionado de la Policía Federal con un contrato por un monto de 69 millones 100 mil dólares; Humberto Martínez, director general de Apoyo Técnico de la a policía Federal con 38.8 millones de dólares; Luis Cárdenas Palomino, con 2.5 millones de dólares; Rafael Avilés, jefe de la División de Fuerzas Federales, con 12 millones de dólares.
En cuanto al gobierno de Enrique Peña Nieto, se involucra al director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, con 253 millones de dólares y 67 millones de pesos; Eduardo Guerrero Durán, comisionado de Previsión y Readaptación Social, 88 millones de pesos.
Gómez aseguró que no se trata de irregularidades en el desempeño de un funcionario público, sino de un “gigantesco mecanismo de succión de dinero público, ronda en 700 millones de dólares, que es una cantidad muy grande. México ha acudido a tribunales civiles de Florida donde se encuentra gran cantidad de estos bienes y dinero para que sea restituido a México.”
