Durante las últimas semanas se ha intensificado la embestida jurídica en contra del fiscal anticorrupción de Tamaulipas, Raúl Ramírez Castañeda.
El objetivo es obvio: obligarlo a renunciar al cargo. En ese propósito, se le reprobó en los exámenes de control de confianza que le aplicó el Centro Nacional de Evaluación; y recientemente se le involucró en dos carpetas de investigación, una de ellas por un presunto saqueo a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), de cuándo fue titular de la misma, y la otra por recibir, precisamente como mando principal de esa instancia, una indemnización fuera de los límites permitidos por la ley.
Resulta evidente que el Estado está decidido a sacudirse a Ramírez Castañeda, ya sea por las buenas o por las malas. Evidentemente, a estas alturas ya se agotó la opción de “las buenas” porque Ramírez Castañeda ha respondido con una férrea defensa, a través de la vía del amparo, con lo que ha dejado clara su decisión de mantenerse al frente de la fiscalía, “hasta que termine el periodo por el que fui electo democráticamente por el Congreso del Estado”.
Pero, independientemente del pleito legal, la realidad de las cosas es que el fiscal anticorrupción resulta insostenible en el cargo. Lo es, no tanto por ineficiente o inepto, como se argumenta, sino porque no es digno de confianza.
Y cuando hablo de desconfianza no es precisamente por haber reprobado los exámenes del Centro Nacional de Evaluación, sino porque es un secreto a voces su vínculo de amistad con el exgobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.
Basta recordar que cuando llegó al gobierno lo hizo en calidad de titular de la UIFE, una instancia que, independientemente de las facultades establecidas en la ley, era el brazo operativo de Cabeza de Vaca para perseguir a adversarios políticos y todo aquel que le estorbara.
Desde ahí, por ejemplo, se construyeron las bases para procesar penalmente al exgobernador Eugenio Hernández Flores, con lo cual Cabeza de Vaca pudo saciar su sed de venganza política contra el priista.
El 8 de septiembre del 2021, a un año del término del sexenio cabecista, el Congreso del Estado, entonces bajo el control del PAN, simuló un proceso legislativo para nombrar a Ramírez Castañeda como titular de la fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Afirmamos que fue una simulación porque, otros cinco profesionistas que se registraron como aspirantes al cargo eran servidores públicos de la fiscalía general de Justicia del Estado, que sabían perfectamente que no tenían la mínima posibilidad de ser electos.
El punto es que, resulta clarísimo el vínculo de subordinación que Ramírez Castañeda tenía y tiene con Cabeza de Vaca, y ese solo hecho lo descalifica para mantenerse al frente de la instancia encargada del combate a la corrupción.
Es así porque, difícilmente habrá alguien que crea en su imparcialidad para, por ejemplo, integrar las 47 carpetas de investigación iniciadas contra 120 exfuncionarios cabecistas acusados de corrupción por la actual administración estatal.
Por supuesto que menos habrá quien lo crea capaz de judicializar una carpeta de investigación contra el propio Cabeza de Vaca, quien por cierto aparece entre esos 120 exfuncionarios bajo investigación.
Por todo ello, lo más sano para todos, pero sobre todo para la sociedad, es que Ramírez Castañeda deje la fiscalía anticorrupción. Los tamaulipecos merecemos y exigimos que quienes se hayan enriquecido al amparo de los dineros públicos paguen por ello, y eso no será posible mientras la instancia encargada de perseguirlos esté en manos de uno de los suyos.
Y aquí cabe hacer una precisión: espero que cuando Ramírez Castañeda deje la fiscalía, sea por las buenas o por las malas, quien llegue a sustituirlo sea alguien realmente desvinculado del poder político. Ojalá sea un fiscal realmente independiente y autónomo, designado por su capacidad profesional e integridad, y no solamente por la amistad o recomendación del nuevo gobierno.
La lucha contra la corrupción debe estar alejada de intereses o influyentísmos políticos, porque eso también es corrupción, y para lograrlo es necesario garantizar autonomía al fiscal. Pero ese es otro tema, que merece análisis especial.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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