Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La crisis migratoria se agravó con la entrada del título 8, con ciudades fronterizas que se ven rebasadas por miles de migrantes que están a la deriva. Una opción viable y urgente es que los gobiernos de Estados Unidos y México se pongan de acuerdo y apoyen la expedición de visas temporales de empleo a migrantes mexicanos y extranjeros que cumplan con los requisitos para trabajar en ese país, expuso Jorge Lera Mejía, profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
La crisis migratoria se agravó con la entrada del título 8, por ello urgen políticas binacionales que permitan la expedición de visas temporales de empleo a migrantes que cumplan con los requisitos para trabajar en Estados Unidos, expone Lera
“La opción, dijo, es volver a lanzar una gran cruzada de empleos que Estados Unidos demanda, pero que sean ofrecidos de forma ordenada, específica y remunerada a través de los departamentos de trabajo de México y Estados Unidos”, sugirió.
De acuerdo con el Boletín de Política Migratoria, de la Secretaría de Gobernación, en el rubro de entradas por entidad federativa y punto de internación, según condiciones de estancia, correspondiente al mes de abril de 2023, los puntos más críticos son: Baja California con un registro de 41,809 visitantes sin permiso de actividad remunerada, le sigue Nuevo León (18,721), Chihuahua (11,227); Tamaulipas (5,124); Coahuila (2,468) y Sonora (1,626) migrantes.
Jorge Lera Mejía indicó que las diásporas de migrantes proceden de Centroamérica, Venezuela, África, Haití y Asia, sin embargo, “por cada tres extranjeros hay un migrante mexicano, por lo que vuelven a dominar nuestras propias expulsiones y éxodos nacionales”.
“Nos preguntamos, cuál política y agenda migratoria están aplicando los gobiernos de México y Estados Unidos y qué papel juegan las políticas públicas de los gobiernos expulsores, que, ante su silencio muestran su complicidad ante esta desgracia humana de éxodos descontrolados y dejados a la deriva, bajo responsabilidad y riesgo de los propios grupos, donde predominan mujeres y menores, incluso no acompañados”, cuestionó el especialista en migración.
Ahondó que de acuerdo con cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) 2.4 millones de personas fueron regresadas a México, de esta cifra más de 800,000 son de origen mexicano.
“Para el gobierno de Estados Unidos, no hubo el portazo esperado desde el 11 de mayo que se derogó el Título 42 y se implementó el Título 8, que no sólo deporta ‘ipso facto’ al migrante ilegal, sino que ahora los ficha y criminaliza con penas de hasta cinco años de veto para no ser aceptados ni tomados en cuenta, y con penas de cárcel si son reincidentes.
Si bien en menos de cinco días disminuyeron los cruces ilegales y se hicieron efectivas las amenazas, con la militarización en la frontera, los datos indican que se están quedando en las ciudades fronterizas, “que se ven rebasadas por tener un Instituto Nacional de Migración en crisis de credibilidad el cual informó del cierre de sus 23 estaciones migratorias dejando a la deriva a esos grupos, a esto se añade que el gobierno federal está dejando de apoyar a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), disminuyendo los apoyos financieros para los refugiados”, enfatizó Jorge Lera Mejía. Con información de Lourdes Flores/El Economista
