“Promueva un juicio para que podamos pagarle”, le dijeron los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, al señor Tereso Rivera, el padre del joven agente de la Guardia Estatal, Christopher Rivera, asesinado el pasado 16 de marzo en Río Bravo, cuando intentaba detener a dos delincuentes.
Así, sin miramientos, con una total falta de sensibilidad, pero sobre todo poniendo en entredicho la palabra del secretario de Seguridad Pública, Sergio Hernando Chávez, respondieron los titulares de las áreas administrativas y jurídicas de la SSP a un padre que, ahora, además del dolor de haber perdido a su hijo, debe enfrentarse al tortuoso aparato burocrático para hacer valer los derechos y prestaciones que el Estado estaba obligado a pagarle a Christopher.
El pasado 20 de abril, al comparecer ante el Congreso del Estado para la Glosa del primer informe del gobernador, Américo Villarreal Anaya, el secretario de Seguridad Pública habló del caso del agente estatal asesinado. Enalteció la valentía y el compromiso del muchacho en el desempeño de sus funciones, y aseguró que la viuda tendría garantizado un empleo en la dependencia, y además, los deudos recibirían el pago de un seguro de vida por un millón de pesos al que tienen derecho todos los policías estatales.
No solo eso. Horas después del homicidio, se le organizó a Christopher un homenaje de cuerpo presente en las instalaciones de la SSP. Lo encabezaron, además de Chávez, el secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas.
Con la familia y amigos del policía caído presentes, se hicieron guardias de honor. Se condenó el asesinato y, por supuesto, además del ofrecimiento de que habría justicia para la víctima, se prometió que no se desprotegería a sus familiares.
Lamentablemente, al cumplirse tres meses de los hechos, la familia de Christopher sigue esperando que le cumplan lo que tanto le prometieron.
No le han dado el empleo que Chávez garantizó a la viuda, y tampoco les han pagado a los padres el seguro de vida al que tenía derecho su hijo.
“Me dijeron que tenía que iniciar un juicio”, cuenta, afligido, el padre del agente fallecido. La Secretaría de Seguridad Pública me dice que el anterior gobierno, (del panista, Francisco García Cabeza de Vaca), dejó de pagar el seguro de los policías a partir del 2019, por lo que cuando Christopher fue asesinado, su póliza no estaba vigente.
Esa, sin embargo, es una responsabilidad del gobierno estatal, sin importar quien haya estado al frente del mismo. Si la póliza no estaba pagada, es el patrón quien debe pagar.
La aflicción de Don Tereso es natural porque, para iniciar el juicio debe contratar a un abogado y carece de los medios económicos para pagarlo. Consultó a un litigante, y de entrada le quería cobrar mil pesos tan solo por escuchar su caso, cinco mil pesos por iniciar el asunto, mil pesos mensuales hasta que se dicte sentencia firme, y el 20 por ciento del monto que se recupere.
Toda esa historia hace obligadas algunas interrogantes. Una: ¿Sabrá el gobernador, Américo Villarreal Anaya, de lo que le está haciendo la Secretaría de Seguridad Pública a los deudos de un policía que arriesgo y perdió su vida por enfrentar a la delincuencia?
¿Qué pensarán el resto de los policías cuando se enteren de la tortuosidad a que deben enfrentarse sus familias en caso de que la fatalidad los alcance, como a Christopher?
¿Está enterado el secretario de Seguridad Pública, Sergio Hernando Chávez, de que sus subalternos lo están deshonrando? Porque cuando se incumple la palabra se cae en deshonor.
EL RESTO.
Por cierto, la historia de Christopher explica el fracaso de las convocatorias para reclutar aspirantes a Policías.
Es justificado el desprecio, y a ese paso es probable que en pocos años Tamaulipas se quede sin policías.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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