Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tamaulipas es una de 17 entidades del país que no brindan a sus policías camionetas blindadas, chaleco antibalas, escudos y cascos, además de que presenta fallas en el proceso de certificación y en el régimen disciplinario, reveló la organización no gubernamental, “Causa en Común”.
A través del índice de Transparencia Policial (Intrapol) 2022, la ong expuso un diagnóstico de la situación bajo la que operan las corporaciones policiales de todo el país.
Como resultado de esa investigación, precisó que esta entidad forma parte de un grupo de estados en los que, elementos que no han aprobado la evaluación de control de confianza siguen activos, lo que contraviene la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP).
Hubo policías no aprobados y no registraron bajas, a pesar de que, el Artículo 65 de la LGSNSP señala que ninguna persona podrá ingresar o permanecer en las instituciones sin contar con su certificación aprobada y vigente.
En cuanto al régimen disciplinario, la ONG detectó que Tamaulipas es uno de los estados que carecen de códigos de ética y conducta específicos para el ámbito policial.
Advirtió que, el desarrollo policial en México enfrenta importantes desafíos que limitan su eficacia y afectan la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad. “Estos desafíos incluyen la falta de profesionalización y capacitación de los elementos policiales, así como la militarización del país y el mayor énfasis en las Fuerzas Armadas en lugar de las corporaciones de policía” señaló.
Detalló que el Intrapol ha revelado una situación preocupante respecto de las policías en todo el país porque ningún estado cumple con los estándares mínimos establecidos por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Eso demuestra las deficiencias en el desarrollo policial y la necesidad de implementar medidas urgentes para mejorarlo.
Los mayores déficit y rezagos se encuentran en el eje de certificación, lo que implica que muchas corporaciones de policía no cumplen con los estándares mínimos de calidad y eficiencia exigidos por la ley.
“Esto pone en riesgo la confianza de la población en las instituciones de seguridad y tiene graves implicaciones para la seguridad ciudadana” sentenció.
