Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) justificó el aumento a 30 millones de dólares por la reparación del daño en los casos de corrupción Agro Nitrogenados y Odebrecht, al señalar que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, causó “graves daños” a la petrolera, que le han costado a México 760 millones de dólares, tan sólo por la “operación fraudulenta” en el caso Agro Nitrogenados.
Tres días después de la audiencia en la que sus representantes legales no fundamentaron dicho incremento ante el juez de Control, Gerardo Alarcón López, quien lleva las causas penales de ambos casos contra Lozoya Austin, la oficina de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respondió que el exfuncionario compró a sobreprecio en enero de 2014 la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, por 275 millones de dólares, cuando en realidad valía 58 millones de dólares.
La UIF, dirigida por Pablo Gómez, aseguró que la infraestructura industrial de la planta no estaba en operación desde 1999, por lo que el sobreprecio fue de 216 millones de dólares.
Y “en los años sucesivos, Pemex siguió haciendo gastos de rehabilitación de la infraestructura adquirida ilegalmente. Así, la operación fraudulenta del C. Lozoya, solamente en el caso de Agro Nitrogenados, le ha costado a México 760 millones de dólares”, expuso.
La Unidad de Inteligencia Financiera afirmó que de dicha operación, Emilio Lozoya, preso en el Reclusorio Norte, recibió como mordida de parte del dueño de la acerera Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, al menos 8.4 millones de dólares a través de triangulaciones internacionales de lavado de dinero.
Respecto al caso Odebrecht, la dependencia identificó otros sobornos por al menos 7.3 millones de dólares, pagados por la constructora brasileña a Lozoya Austin, por la adjudicación de tres contratos por parte de Pemex (Salamanca, Tula I y Tula II).
En tanto, la defensa de Lozoya Austin señaló que incrementar a 30 millones de dólares la cantidad solicitada por la UIF y Pemex, carece de sustento jurídico y es de imposible justificación.
Los abogados Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros Alonso cuestionaron al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre cuál es la finalidad de seguir manteniendo a su cliente en prisión.
