Ciudad de México.- La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion (SCJN), Norma Piña Hernández, acusó que el Poder Judicial está enfrentando una asfixia presupuestaria.
Al anunciar el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2024, el cual se construyó bajo los principios de eficacia, economía, transparencia y honradez, consideró que se pedirán los recursos necesarios para garantizar la continuidad y la impartición de justicia.
Destacó que en este proyecto de 84 mil 792 millones de pesos de presupuesto enviado para aprobación de la Cámara de Diputados se encuentra una justificación legal, razonable, racional y honesta para cada rubro de los recursos públicos a ser asignados.
El acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable. Esto no lo digo yo, se desprende de los controles y de los límites que establece nuestra norma fundamental para que este derecho no se reduzca a una simple declaración de buenas intenciones”, explicó.
La ministra informó que, conforme a las expectativas de inflación establecidas por la Secretaría de Hacienda al cierre de este año, el PJF solicita un incremento real de 4% respecto del presupuesto aprobado para el 2023.
Los recursos solicitados”, explicó, “se traducen, aproximadamente, en el equivalente al 0.26% del Producto Interno Bruto de nuestro país”.
La propuesta fue aprobada por unanimidad de votos en cada uno de los cuerpos colegiados y considera ahorros y economías derivados de la aplicación de medidas de racionalización y austeridad.
Manifestó que en los últimos años la Judicatura ha visto disminuida su participación en el Presupuesto de Egresos de la Federación en comparación con otros entes públicos: “En el periodo 2018 a 2023, los recursos asignados en su conjunto al Poder Judicial han disminuido 15.4% términos reales”.
Lamentablemente, la consecuencia de asfixiar a través de un recorte presupuestal del Poder Judicial es colocar, inmediatamente, a los más necesitados en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos. Desde el Poder Judicial asumimos la gran responsabilidad que tenemos de cara a la sociedad en cada sentencia, de cada acto que repercute en la vida de las personas. Sin embargo, nuestra actuación –como cualquier función pública– está directamente condicionada por la suficiencia presupuestal”.
En lo que respecta al TEPJF, mencionó que el proceso electoral 2023-2024 implicará la renovación de más de 20 mil puestos de elección popular “ello exige una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos.”
Sobre el presupuesto asignado al Consejo de la Judicatura, la ministra informó que, derivado del incremento continuo en la demanda de justicia federal de los últimos cinco años, en el 2024 se habrá de resolver 1.3 millones de casos nuevos; también se requerirá la creación de 45 órganos jurisdiccionales más para la implementación del nuevo modelo de justicia laboral.
“CAPAZ QUE SE AMPARAN ELLOS MISMOS”
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que si la Cámara de Diputados decide reducir el presupuesto del Poder Judicial de la Federación para el próximo año, los integrantes de ese poder “son capaces de ampararse”.
Cuestionado una vez más en cuanto a si considera que excesivo el presupuesto para jueces, magistrados y ministros, el cual tan sólo este año ascendió a 77 mil millones de pesos, el presidente López Obrador ratificó sus críticas en contra de los impartidores de justicia federales; sobre todo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que con el pretexto de no perder independencia ganan “mensualmente entre 600 y 700 mil pesos”, violando con ello flagrantemente la constitución al percibir un sueldo mayor al del Presidente.
No se deben de permitir excesos, ganan muchísimo. (Son) tan cínicos que aunque les quiten o les reduzcan el presupuesto para estos excesos se van a amparar ellos mismos”, apostó el presidente López Obrador al señalar que no es novedad que el Partido Acción Nacional (PAN) apoye a los abogados “pues ellos los pusieron”.
Criticó también la contratación de la Corte de Ricardo Márquez Blas, un personaje cercano al sentenciado por narcotráfico en Estados Unidos, Genaro García Luna.
López Obrador aclaró que si bien se trata de un funcionario de nivel medio, supera todas las prestaciones que cualquier trabajador promedio en el país.
Además de percibir más de 120 mil pesos al mes, Ricardo Márquez tiene derecho a prima quinquenal, depósito de ahorro solidario, seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizada, seguro de vida personal, seguro colectivo de retiro, ayuda para gastos funerarios, entre otras.
López Obrador ratificó su decisión de enviar una iniciativa de reforma para que esta clase de excesos se terminen en el país así como las “chicanadas o trucos” que ciertos integrantes del poder judicial federal llevan a cabo.
Dijo que si los jueces, magistrados y ministros son electos por el voto popular se complicará que ministros como Aguilar Morales ocupen cargos de tan alta importancia o jueces que dejan en libertad a presuntos delincuentes.
