Ciudad de México.- Sólo una décima parte de las denuncias ciudadanas por presuntas irregularidades de servidores públicos federales entran a un proceso de investigación.
De acuerdo con el Quinto Informe de Gobierno, de septiembre de 2022 a junio de 2023 la Secretaría de la Función Pública (SFP) recibió 25 mil 32 recursos contra funcionarios, pero sólo mil 998, que equivalen a 8%, fueron remitidas a las áreas de responsabilidades para la apertura de los expedientes y la substanciación de los procedimientos.
“Las conductas que predominaron en las investigaciones fueron: incumplimiento a leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas; incumplimiento de las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas; abuso de funciones; descuido o falta de atención en el cumplimiento de las obligaciones y maltrato en la prestación de un trámite o servicio y en el ejercicio de funciones”, indica el documento a principios de este nes.
Además, sólo 3% de los reportes elaborados por las contralorías internas se refieren a omisiones de importancia.
Del 1 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023, los Órganos Internos de Control (OIC) elaboraron 19 mil 627 informes de presunta responsabilidad administrativa y, de ellos, solamente 683 fueron por faltas graves, por lo que fueron remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Los restantes 18 mil 944 se registraron como expedientes de procedimientos por faltas no graves.
SIN DETALLES
Respecto al Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, el Quinto Informe sólo indica que del 1 septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023 se asesoró a 172 solicitantes sobre la presentación y seguimiento de alertas, además de que se recibieron y atendieron mil 023 alertas, a las que se proporcionaron medidas de protección preventivas.
En otros años el gobierno federal ha reportado con más detalle los avances de este programa, lanzado en julio de 2019 por Irma Eréndira Sandoval, entonces secretaria de la Función Pública. La estrategia facilita a la ciudadanía y a servidores públicos las herramientas para presentar alertas por faltas administrativas graves relacionadas con cohecho, peculado y desvío de recursos públicos.
PREVENCIÓN
Otro de los mecanismos anticorrupción implementados por el gobierno federal es la Contraloría social, que involucra la participación de las personas beneficiarias de programas sociales de forma organizada, independiente, voluntaria y honorífica para vigilar el ejercicio de los recursos públicos y garantizar que las obras, apoyos o servicios se otorguen de forma correcta.
Al respecto, del 1 septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023, en los tres órdenes de gobierno se validaron 89 apartados de contraloría social para el ejercicio fiscal 2023, 85% más que lo realizado de septiembre de 2021 a junio de 2022, y se estableció una cifra récord en dicha actividad desde que se realiza el procedimiento.
