Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Acción Nacional intentó solicitar en menos de dos horas, todas los documentos y hojas certificadas, cada una de las actuaciones realizadas por la Diputación Permanente y que fueran calificadas con el carácter de “reservado”.
La propuesta que hizo el Diputado del PAN Carlos Fernández Altamira, estuvo acompañada por una serie de reclamos y exigencias a los diputados de Morena para que cumplieran con un proceso de transparencia, pero hubo respuesta de la diputación permanente al poner a consideración la votación para darle entrada legalmente a la exigencia. Con cero votos a favor, cero votos en contra y 4 abstenciones, la propuesta panista tuvo respuesta.
Denunció que la Diputación Permanente ha cometido una serie de atropellos e ilegalidades, por parte de la mayoría de legisladoras y legisladores; particularmente, el hecho de “llevar a cabo un proceso de destitución disfrazado de “suspensión” en contra del Fiscal Anticorrupción de nuestro Estado”.
Añadió que en varias de las Sesiones de la actual Diputación Permanente se incluyeron asuntos “de carácter reservado”, los cuales, no han sido hechos de nuestro conocimiento, aún y cuando lo hemos solicitado formalmente.
Como ejemplo, citó el caso del pasado 4 de septiembre cuando se solicitud al asunto reservado contemplado en el punto número 9 de dictámenes, de la sesión de la Diputación Permanente llevada cabo el 29 de agosto de 2023
“Mediante la presente iniciativa me permito solicitar a este Órgano, que dicha solicitud sea acordada bajo el trámite de urgente y obvia resolución, en su sesión de esta propia fecha, es decir, del 26 de septiembre de 2023 y no se presente trabas para el acceso al expediente en que consten las diversas actuaciones sobre el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, y se me permita acceder a el para imponerse del mismo, y obtener fotocopias del mismo de inmediato.
“Puesto que resultan fundamentales para evitar que los Diputados, y el Congreso mismo sean imputados por violar una suspensión concedida en la Ley de Amparo, la defensa del principio constitucional de separación de poderes, el respeto a la autonomía de las fiscalías, así como a los principios rectores del sistema nacional y estatal anticorrupción”.
