Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Diputada Úrsula Salazar, pidió que se diera seguimiento a su demanda por violencia política de género en contra de los diputados del PAN que, llegaron el pasado 10 de julio a agredir a las diputadas de Morena, en un intento por ‘trincheras’ en las instalaciones del Congreso del Estados.
Dijo que hay un interés por conocer el avance de las investigaciones, cuando los diputados y diputadas del PAN, habían cometido actos de violencia política en razón de genero, por no admitir las decisiones internas que en ese momento se estaban tomando en el poder legislativo.
Salazar Mojica, acudió a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM) e hizo un llamado para que se actuará sobre los hechos del pasado 10 de julio y donde también fue agredida la diputada Cassandra de los Santos.
“Como cualquier ciudadano vengo a revisar el status de la denuncia que presente el 10 de julio. Es importante que le demos seguimiento”.
Cabe señalar que el Consejo General del IETAM, decidió desechar y declarar como inexistente la violencia política en razón de género porque la diputada, no quiso denuncias los hechos ante esa instancia.
La Consejera Marcia Laura Garza Robles, decidió declarar como inexistente violencia política contra las mujeres en razón de género en contra de dos integrantes del Congreso del Estado de Tamaulipas el pasado 19 de septiembre.
En esa sesión, resolvieron por unanimidad de votos como inexistente la infracción atribuida a los diputados Félix Fernando García Aguiar y Luis Rene Cantú Galván, consistente en violencia política.
La decisión aparece en el Procedimiento Sancionador Especial identificado por la clave PSE-02/2023, instaurado con motivo de la denuncia interpuesta por la C. Úrsula Patricia Salazar Mojica, en contra de los CC. Félix Fernando García Aguilar y Luis René Cantú Galván.
Garza Robles, quien es presidenta de la Comisión de Procedimientos Sancionadores Especiales, argumento que el propio protocolo para la atención de víctimas de VPGM señala que para evitar una victimización, las autoridades electorales de cualquier índole, deben de tener el consentimiento de la víctima para poder realizar las investigaciones correspondientes, por lo que el Instituto se dio a la tarea de notificarle a la autora, si era su deseo realizar la denuncia, respondiendo la propia autora que no era su intención de realizar dicho proceso, quedando el propio instituto impedido para realizarlo de manera oficiosa.
La Consejera Garza Robles, señaló que en referencia a la competencia que le corresponde al Instituto, argumentó que se analizaron dos situaciones en la que la propia autora señalaba que hubo insultos y agresiones en su contra, que por su condición de mujer no podía presidir la Junta de Coordinación Política. Otra situación es que, a la propia autora se la había adjudicado un calificativo o sobrenombre basado en elementos de género, por lo que no se existieron pruebas o indicios de la agresión a la que se plantea en la propia queja, concluyó la Consejera.
