El transporte público ha sido, y sigue siendo, un dolor de cabeza para el gobierno del Estado.
Con la mayoría de unidades convertidas prácticamente en chatarra y conductores que no respetan en absoluto el reglamento de vialidad, y que además maltratan a los usuarios, el servicio es de los peores del país.
Las causas son diversas, pero sin duda una de ellas es la extremada tolerancia por parte del gobierno hacia los concesionarios que incumplen la normatividad legal, seguramente por temor a un costo político.
Resulta evidente que, a la autoridad le han temblado las piernas para meter al orden a los concesionarios. Hay una evidente falta de decisión para hacer valer la ley. Una ley que, en el papel es extraordinaria pero que lamentablemente no se aplica.
Es cierto, desde el Poder Ejecutivo se han hecho reiterados esfuerzos legislativos que casi siempre han sido presumidos como la gran solución para modernizar el transporte público, ¿pero de qué ha servido?
El seis de mayo del 2015, por ejemplo, el entonces gobernador, Egidio Torre Cantú, envió a los diputados una iniciativa que prácticamente significaba una nueva ley de la materia. Cuando el Congreso las aprobó, las reformas fueron presumidas “como el inicio de la era modernizadora del transporte público”. Se dijo que a partir de ahí habría un antes y un después.
Y si, efectivamente, la ley lucía prometedora. Se incorporaron disposiciones que acelerarían la renovación del parque vehicular del transporte público y el primer paso sería que no se autorizara la circulación de unidades con más de cinco años de antigüedad.
Además, se creó el llamado “Sistema Empresarial”, para permitir que varias personas se unieran, y en una inversión conjunta pudieran convertirse en concesionarios del servicio y de esa manera tuvieran capacidad de adquirir vehículos nuevos.
Incluso, se dispuso en la ley que todos los microbuses serían equipados con Gps, algo que por supuesto muy pocos cumplieron.
El punto es que, ocho años después seguimos en las mismas, o incluso peor, y todo ello, le insisto, porque la autoridad ha sido timorata en su responsabilidad.
Le cuento las cosas porque, este martes los concesionarios aumentaron la tarifa del servicio. Lo hicieron por sus pantalones, porque de acuerdo con el subsecretario del transporte, José Armando Lara, el gobierno del estado no autorizó el incremento.
Ojalá y esta vez el gobierno en turno haga valer la ley, no sólo para frenar el aumento tarifario, sino también para ir metiendo a los orden a los transportistas. Si no lo hace, entonces ya estuvo que los tamaulipecos seguiremos teniendo un servicio de ínfima calidad, pero cobrado como de primera.
EL RESTO.
DOS “CAMISETAS”.- En el Congreso del Estado no deja de ser tema polémico la decisión de las legisladoras, Linda Mireya González Zúñiga y Sandra Luz García Guajardo, de declararse diputadas sin partido, pero sin renunciar a su militancia panista.
Ambas, junto con la reynosense, Danya Silvia Aguilar Orozco, se desligaron desde el año pasado de la bancada blanquiazul, argumentando malos tratos, y optaron por formar un grupo parlamentario, aunque dejaron claro que serían siendo panistas.
A los dos meses de su decisión, Aguilar Orozco optó por renunciar formalmente a las filas del PAN, pero sus compañeras insisten en mantener esa militancia.
Obviamente esta indecisión contradictoria las está haciendo blanco de muchas críticas, sobre todo ahora en que la matamorense, González Zúñiga, logró la presidencia de la mesa directiva del Pleno. Habrá que ver hasta cuándo se deciden a seguir con dos “camisetas” puestas.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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