El extitular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y hoy magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Javier Castro Ormaechea, se encuentra convertido en una verdadera deshonra para el sistema de justicia de Tamaulipas.
Lo es, no solamente por los abusos que cometió desde su posición de encargado del combate a la corrupción (y que no tardan en revertírsele, en una especie de cobro de facturas por parte de quienes fueron sus víctimas, entre ellos el exgobernador, Eugenio Hernández Flores) sino también por los atropellos que desde su posición como juzgador de segunda instancia viene cometiendo contra sus subordinados.
La historia de excesos comenzó a partir del primer día que asumió como titular de la segunda sala unitaria en materia penal, cuando exigió que le renovarán todo el mobiliario de su oficina. Amparado en la comodidad que representa el exigir lujos a costa del erario público, Castro Ormaechea no se midió en sus exigencias.
Desde su llegada al cargo, el abogado victorense ha sido una especie de pesadilla para todos aquellos que laboran a su alrededor. Las quejas en su contra no son solamente de sus subordinados, sino también de sus mismos pares y también de los justiciables y litigantes, quienes se quejan de su prepotencia, su mal carácter y su necedad, a forma de amago, de presumir constantemente el padrinazgo de los hermanos Francisco e Ismael García Cabeza de Vaca.
Uno de sus abusos más recientes es el cometido contra un secretario de una de las salas penales, que ni siquiera estaba bajo su adscripción. Amagándolo con una acusación sin comprobar y violentando las más elementales garantías a las que toda persona tiene derecho, Ormaechea encerró en su oficina al servidor público para exigirle que firmara voluntariamente su renuncia.
A base de recordatorios maternales y todo tipo de insultos degradantes para cualquier ser humano, intentó intimidarlo para que aceptara la degradación laboral, pero, conocedor de sus derechos, el joven funcionario, con una trayectoria de más de 26 años en el Poder Judicial, resistió las agresiones y se negó a renunciar voluntariamente.
En vez de ello, formalizó una demanda por la vía laboral por un despido injustificado, y alista una denuncia penal por posibles delitos cometidos en su contra, por parte de quien fuera el cobrador de venganzas políticas del exgobernador panista.
Más allá del comportamiento despótico de quien ejerce uno de los cargos de mayor jerarquía de la judicatura local, resulta una incongruencia lamentable que este tipo de excesos sean cometidos por alguien cuya principal obligación es velar por la justicia y los derechos humanos de los ciudadanos.
Seguramente Castro Ormaechea se siente cobijado por el fuero constitucional que le da su calidad de magistrado, pero se olvida de que frente a ello existen mecanismos constitucionales para despojar de ese “blindaje” a quienes incurren, desde su posición, en conductas contrarias a la ley. El fuero no es una patente de impunidad, y si alguien lo sabe es precisamente él.
De hecho, es muy probable que en breve vaya a ser formalizada una solicitud de juicio político en su contra a raíz de las denuncias penales formalizadas ante le Fiscalía General de Justicia del Estado, por abogados de ciudadanos que fueron despojados de varios predios en Playa Miramar de Madero durante el gobierno de Cabeza de Vaca y cuando él era precisamente el titular de la fiscalía anticorrupción.
Esa, sin embargo, es otra historia que valdrá la pena desmenuzar, porque atrás de ellas también hay muchas víctimas inocentes que esperan justicia.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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