Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, otorgaron la suspensión del amparo al Fiscal Anticorrupción Raúl Ramírez Castañeda y con ello su reinstalación en el cargo pero de forma temporal mientras se resuelve el fondo del amparo.
Esto significa que el efecto de la resolución es que se le restituya, hasta en tanto se resuelva el fondo del Amparo, es decir, lo que se ‘tumba’ con este acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado, es la separación temporal ejecutada ilegalmente por la Permanente.
Una vez que se resuelva el fondo del Amparo, ahí si estará el Congreso en posibilidades de separarlo temporalmente y luego definitivamente.
El acuerdo fue emitido por los Magistrados Carlos Manuel Bautista Soto, Osvaldo López García y Jorge Luis Tiscareño Vázquez, es “un manto protector” de lo que consideran sus derechos ordenando que se le restituya en el ejercicio de dicho cargo.
La normativa que regula el Juicio de Amparo es categórica al establecer que éste Juicio no es procedente contra las determinaciones de las legislaturas respecto de la elección, suspensión o remoción de servidores públicos, como es el caso. El simple hecho de admitir una demanda de amparo en estos términos implica una evidente violación a la ley, máxime conceder una suspensión con efectos restitutivos como se hizo.
Uno de los aspectos que se leen en la decisión es que la Diputación Permanente no fundó ni motivó sus actos ni tampoco sustentó su competencia para remover al Fiscal.
Por su parte, Magistrados señalan que dado que las razones que toma en cuenta el juzgador refieren que “se desconocen las causas que tuvo bien considerar la autoridad responsable para la imposición de la medida cautelar”. En tanto sólo se aprecia el contenido del oficio HCE/SG/AT/1499, en el que solo se contienen los puntos de acuerdo, pero no se advierten las consideraciones que sustentan la determinación de inicio del procedimiento ni la imposición de la medida cautelar, es decir, no se contienen los fundamentos y motivos tanto de la competencia de la autoridad responsable como las razones que sustenten el acuerdo tomado, tales cuestiones son insuficientes para considerar que se afectan disposiciones de orden público y el interés social”.
La primera reacción que se ha dado desde el Congreso del Estado, es una dura crítica al sistema de Justicia Federal porque observan qué hay una complicidad que existe entre quienes representaban al régimen estatal anterior y los funcionarios judiciales radicados en Reynosa, Tamaulipas, pues estas acciones son muestra clara de la forma en la que operan para adquirir impunidad.
Diputados como Alberto Granados, recordó por ejemplo que el Titular de un juzgado también perteneciente al Poder Judicial de la Federación, pero radicado en la capital de éste Estado, desechó una demanda de amparo presentada por la misma persona y en contra de éstos mismos actos, con base en la disposición de la Ley de Amparo que señala la improcedencia de éste juicio contra las determinaciones de los Congresos en esta materia.
“Lamentablemente, se esperaba un pronunciamiento en este sentido, derivado del efecto corruptor de las componendas articuladas en la época oscura que estamos dejando atrás en Tamaulipas, sin embargo, no cesaremos en la reconstrucción del orden legal, seguiremos pugnando por el cabal restablecimiento del estado de derecho y combatiendo la impunidad en nuestra entidad”.
