Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Un juez federal resolverá el fondo del amparo indirecto para que sea por la vía judicial y no la política, la que decida si se eliminan o se mantienen los fideicomisos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, confirmó esta mañana el magistrado Guillermo Cuautle Vargas quien anunció una serie de rutas legales para defender los derechos laborales y financieros de este poder.
“Será el resultado de una sentencia constitucional, no de un acuerdo de mayorías ni de planteamiento político alguno, lo que defina el destino correcto de los fondos de los diversos fideicomisos”: Magistrado
Al mismo tiempo, se iniciaron gestiones ante Organismos Internacionales para defender sus derechos y se está valorando de forma objetiva y programática el de interponer una demanda de amparo contra la aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2024.
El también director regional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, explicó que esta suspensión provisional otorgada, detiene por el momento la cancelación de los fideicomisos que ascienden a 15 mil millones de pesos en favor del Poder Judicial de la Federación.
Anunció que habrá una audiencia incidental el próximo 14 de noviembre para estudiar el fondo del amparo y poder resolverlo pero este acto, admitió, no impide que se publique en el Diario Oficial de la Federación la acción que acordaron los legisladores federales.
El juicio de amparo indirecto se encuentra dentro el expediente número 1754/2023, promovido por la representación de esta Asociación y en el cual, una juzgadora federal con competencia constitucional en la Ciudad de México, “decretó la suspensión provisional del Decreto que propone eliminar los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, al adicionar un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado el 27 de octubre de este año en el Diario Oficial de la Federación.
Dijo que esto significa que, “será el resultado de una sentencia constitucional, no de un acuerdo de mayorías ni de planteamiento político alguno, lo que defina el destino correcto de los fondos de los diversos fideicomisos con que cuenta el Poder Judicial de la Federación”.
Vargas, adelantó que en dicha sentencia, “con toda seguridad, se analizarán las violaciones al procedimiento legislativo mediante el cual fue aprobado dicho Decreto, las violaciones a los principios de independencia y autonomía judicial, división de poderes, progresividad, seguridad social y derechos laborales adquiridos en favor de todos los que integramos la Judicatura Federal.
El director regional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, anunció además que los juzgadores, iniciaron gestiones ante Organismos Internacionales, en razón de las obligaciones que ha contraído el Estado Mexicano de respetar los derechos que derivan de los principios que sean expuesto.
Estos derechos, añadió, imponen la no intromisión, no dependencia, ni subordinación entre los Poderes de un Estado Democrático de Derecho. “Por ello las juzgadoras y juzgadores federales estamos del lado de la democracia y el estado de derecho a través de la defensa del Poder Judicial de la Federación.
Sobre la posibilidad de una de demanda de amparo en contra del PEF 2024, remató que esta decisión, se hará en la medida que los ajustes presupuestales realizados por la Cámara baja vulneren la autonomía financiera y, por consecuencia la independencia del PJF.
