Ciudad de México.- Tras la adhesión de México a la moratoria global para que no se realicen actividades de minería submarina en aguas internacionales en tanto no se cuente con información científica suficiente que brinde certidumbre respecto de sus impactos ambientales, organizaciones de la sociedad civil exigieron a la Secretaría de Economía (SE), y la Semarnat cancelen las 14 concesiones vigentes en aguas territoriales.
Durante el webinar “el rol de México en la protección de los fondos marinos”, Alejandro Olivera, representante del Centro para la Diversidad Biológica, explicó que en concordancia con la reciente reforma a la Ley Minera, que prohíbe la minería submarina en aguas nacionales, y la posición internacional asumida por el gobierno mexicano ante el Consejo de la Autoridad de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés), es necesario eliminar cualquier riesgo interno.
Reveló que, en la actualidad, las 14 concesiones de minería submarina otorgadas entre 2010 y 2016, abarcan 722 mil 196 hectáreas en tres estados de la República Mexicana: Baja California Sur, Chiapas y Oaxaca.
Recordó que hasta el momento, la única empresa que ha querido hacer uso de su concesión en el Golfo de Ulloa, en Baja California Sur, es Exploraciones Oceánicas, filial de la estadunidense Odyssey Marine Exploration, con el proyecto Don Diego, para el dragado de fosfato, en una zona donde migra la ballena gris, hay presencia de tortugas caguama y una rica biodiversidad que estaría en serio peligro.
Alejandro Olivera indicó que la Semarnat ha negado en dos ocasiones la autorización de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para Don Diego, con base en el principio precautorio, pero la firma de rescate de tesoros en el fondo del mar, no conforme, acudió a un panel internacional para exigir el pago de una indemnización de alrededor de tres mil 500 millones de dólares, argumentando discriminación por parte del gobierno de México en el marco del entonces TLCAN.
El representante del Centro para la Diversidad Biológica agregó que se espera que el fallo sobre este caso se dé en el primer trimestre de 2024, luego de que tanto las autoridades mexicanas como la empresa han tenido la oportunidad de aportar pruebas y fijar posición.
