Cuando las leyes son claras y precisas, la función del juez
no consiste más que en comprobar un hecho”. Immanuel Kant
En días anteriores, en el aniversario de la promulgación de la Constitución Política Mexicana, el Presidente de la República anunció la propuesta de iniciativa de diversas reformas constitucionales, entre las cuales destacan en temas tales como: Seguridad Social, Poder Judicial, Guardia Nacional, Político-Electoral, Salario Mínimo, Subvención a personas con discapacidad, Ferrocarriles, entre otras.
Llama la atención, la relativa en materia de prisión preventiva oficiosa, que buscar elevar en este espectro a delitos como la extorsión, narcomenudeo, defraudación fiscal, contrabando o la expedición de facturas que, a juicio de la autoridad, sean irregulares. Cabe mencionar que, recientemente como se expuso en esta columna, después del criterio por parte del entonces Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte en cuanto a la suspensión provisional en amparo con efectos restitutorios, han surgido otros criterios por parte de órganos jurisdiccionales federales a favor y en contra de ese tema en donde se encuentra en juego la libertad de una persona.
Asimismo, resalta la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación constituido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, de donde se advierte una propuesta que traería división interna de funciones dentro de ese poder.
Así, respecto del Consejo de la Judicatura Federal, actualmente su integración y designación es por 7 miembros, uno de ellos es la o el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien también preside el Consejo, tres Consejeras o Consejeros designados por la SCJN, siendo elegidos, entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, dos Consejeras o Consejeros designados por el Senado y una o un Consejero designado por el Presidente de la República.
Sin embargo, con la iniciativa propuesta se pretende escindir de ese órgano, para crear dos, los cuales consistirían en: 1) el de administración judicial, y 2) el Tribunal de Disciplina Judicial; siendo que el primero, tendría las facultades de administración, carrera judicial y control interno, mientras que el segundo sería el encargado de conocer, investigar, substanciar y, en su caso, sancionar a las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación.
Cabe destacar que el Tribunal de Disciplina se integraría por 5 personas mediante voto de la ciudadanía a nivel nacional, pero con candidatos que serían propuestos por los tres Poderes de Gobierno, es decir, previo a la elección popular, tanto el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, propondrían candidatos, y les correspondería el cargo de Magistrada o Magistrado de dicho órgano de responsabilidad administrativa. Para dichas elecciones se necesitaría llevar a cabo un procedimiento por el Senado de la República, siendo el INE quien llevara a cabo el proceso selectivo.
Al respecto, sobre el punto del Tribunal de Disciplina Judicial Federal y su integración, no me parece una idea descabellada, pues se advierte la participación de los tres poderes en las propuestas para elegir a quienes integrarían dicho órgano.
Sin embargo, dicho cambio propuesto, siguiendo el mismo camino, debería ser emulado en el plano de la tarea que realiza dentro del Poder Ejecutivo la Secretaría de la Función Pública Federal, misma que se encarga de investigar, substanciar y resolver las responsabilidades administrativas de los servidores públicos gubernamentales. Sería adecuado, que dicho órgano de control fuera colegiado, integrado por personas propuestas por los tres poderes públicos y con autonomía del Gobierno Federal.
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